Analizar el mercado laboral mexicano es ir mucho más allá del volumen superficial de plazas creadas; requiere evaluar con lupa las condiciones reales de bienestar, ingresos, estabilidad y seguridad social que ofrecen las entidades federativas a su población trabajadora.
Esto debido a que recientemente, el Índice de Competitividad Estatal elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) posicionó a Baja California Sur, la Ciudad de México y Jalisco como las mejores demarcaciones territoriales para laborar en nuestro país.
Una clasificación que se robustezce metodológicamente mediante un riguroso subíndice de mercado de trabajo que pondera indicadores estructurales fundamentales, tales como el nivel salarial promedio mensual, la menor incidencia de la informalidad laboral, la formalización de contratos mediante prestaciones de ley, la productividad por hora trabajada y las condiciones de equidad salarial frente a jornadas excesivas.
Las entidades mejor evaluadas lograron trascender y mantenerse firmemente en los primeros puestos gracias a una combinación virtuosa de dinamismo económico, atracción constante de inversión extranjera directa y políticas públicas que priorizan la formalidad laboral, reduciendo de manera efectiva las brechas históricas de género y ofreciendo remuneraciones altamente competitivas que superan con holgura la línea de bienestar familiar.
Del otro lado, encontramos aquellas entidades que salieron más mal calificadas y se colocan de forma persistente en el fondo del ranking nacional pues comparten problemáticas estructurales sumamente graves: una economía informal dominante que absorbe a más de la mitad de la población ocupada, salarios de precarización extrema que apenas cubren los satisfactores básicos de subsistencia, una nula movilidad laboral ascendente y una profunda debilidad institucional para insertar a su fuerza ciudadana en cadenas de valor formales con acceso efectivo a seguridad social, ahorro para el retiro y servicios de salud dignos.
Dentro de este complejo panorama nacional, el Estado de México se mantiene en una posición sumamente desafiante y rezagada hacia los puestos punteros de competitividad. Pese a fungir históricamente como uno de los motores demográficos y económicos más grandes de toda la República y albergar importantes corredores industriales en sus diferentes regiones que sostienen un volumen cuantioso de registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su inmensa periferia urbana padece importantes rezagos estructurales.
El enorme peso del subempleo, la informalidad galopante en el sector comercio y los servicios urbanos de baja productividad, sumado a los largos, costosos y desgastantes tiempos de traslado cotidiano hacia los centros de trabajo, limitan severamente su competitividad laboral global frente a otras entidades.
Esta realidad socioeconómica evidencia con absoluta crudeza que el gran tamaño de su mercado interno no se traduce de manera automática en un bienestar equitativo, estabilidad laboral ni en una mejor calidad de vida tangible para sus millones de habitantes. La solución más clara a este persistente rezago demanda rediseñar las políticas de desarrollo regional, incentivar la inversión formal en municipios densamente poblados y articular una estrategia integral que ataque el corazón de la informalidad laboral y el desequilibrio en los ingresos regionales.
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