Hay cifras que no caben en un discurso optimista. En el Estado de México, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, al menos un integrante de 67 mil 400 hogares tuvo que cambiar de residencia por inseguridad delictiva o violencia. Son 207 mil 800 personas. Es un dato que por primera vez aparece con esta precisión en la Encuesta Intercensal del INEGI.
Y es que cuando una familia abandona su casa porque alguien fue asaltado, extorsionado o víctima de otro delito, no estamos frente a una simple mudanza. Se rompe una rutina, se pierden redes vecinales, se cambia de escuela, de trabajo y, muchas veces, de vida. La violencia puede modificar un territorio con algo más silencioso: conseguir que algunas familias se vayan y que otras aprendan a vivir con miedo.
El dato mexiquense es tremendo, pero no es nuevo. El 1.3 por ciento de la población experimentó desplazamiento por inseguridad o violencia y, al sumar las causas vinculadas con catástrofes naturales o de origen humano, llegó a 1.4 por ciento.
La cifra nacional fue de 1.5 por ciento. Que el Estado de México esté ligeramente por debajo del promedio nacional no vuelve menor el problema. Detrás de ese porcentaje hay hogares concretos que dejaron atrás su domicilio porque quedarse dejó de parecerles seguro.
Además, 14 mil 100 hogares, integrados por 46 mil 100 personas, reportaron desplazamiento obligado por catástrofes. Comparten una consecuencia: perder el lugar donde se construye la vida cotidiana.
Este indicador llega en un momento políticamente revelador. Mientras las autoridades presentan reducciones en delitos, operativos o estrategias, la experiencia de las familias ofrece otra medida: ¿qué ocurre cuando el miedo termina decidiendo dónde vivir? Esa pregunta es difícil de esconder.
Hay que ser precisos. La Encuesta Intercensal no identifica qué delito específico provocó cada desplazamiento ni permite afirmar, por sí sola, una expansión territorial determinada de un grupo criminal. Pero sí revela algo que permaneció disperso entre testimonios y casos: la inseguridad puede convertirse en una causa concreta para abandonar el hogar.
Por eso el dato no debe archivarse como una estadística más. Tendría que encender una alerta institucional. Si una familia se va para protegerse, la política de seguridad no puede medirse únicamente por carpetas, detenciones o boletines. También debe preguntarse cuántas personas sienten que tienen que escapar para volver a sentirse a salvo.
El INEGI acaba de ponerle números a esa huida silenciosa. Ahora toca a las autoridades mirar de frente esos números y responder. Porque cuando la delincuencia consigue que la gente abandone su casa, no sólo ocupa calles: empieza a decidir quién puede quedarse. Y ese es un límite que ninguna estrategia de seguridad debería permitir que se normalice.
Martha González Aguilera
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