El paro nacional de transportistas exhibe una realidad innegable, en México, trabajar en carretera implica riesgos crecientes y protestar parece la única forma de conseguir que las autoridades escuchen. La inseguridad, las extorsiones, el deterioro vial y la presión fiscal llevaron al sector a anunciar una movilización que podría reunir a un millón de transportistas.
El Estado de México tiene motivos para preocuparse. Entre enero y septiembre de este año se registraron mil 722 robos a transportistas; mil 333 fueron cometidos con violencia. Casi ocho de cada diez atracos ocurrieron mediante el uso de la fuerza. Junto con Puebla y Guanajuato, la entidad concentra casi la mitad de los delitos contra este sector en el país.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac) e Indeco plantean mantener el paro hasta obtener respuestas en seguridad, infraestructura y condiciones fiscales.
Las afectaciones podrían sentirse en las carreteras México-Puebla, México-Querétaro y Toluca-Lerma, así como en los accesos al Valle de México y Toluca y en zonas industriales de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Tlalnepantla. Las manifestaciones podrían complicar traslados y entregas.
Aquí aparece la contradicción más dolorosa. En México, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos han aprendido que bloquear una avenida suele atraer más atención que presentar denuncias o exigir respuestas por las vías institucionales.
La protesta se vuelve visible, los expedientes, no tanto. Mientras tanto, paga la factura quien pierde horas de trabajo o no puede llegar a una consulta.
Interrumpir las rutas de carga puede afectar el abasto, elevar costos logísticos y encarecer productos.
El Gobierno debe responder con medidas verificables: patrullajes permanentes en corredores de riesgo, coordinación policial, investigaciones que lleven ante la justicia a responsables de robos y extorsiones, canales seguros de denuncia y reparación de tramos peligrosos. También debe fijar plazos y responsables, evaluar resultados y revisar las condiciones fiscales del sector. Las mesas de diálogo solo servirán si producen compromisos públicos y resultados.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos camiones deben detenerse y cuántos ciudadanos quedar varados para que las autoridades actúen? Los transportistas exigen seguridad, justicia e infraestructura digna; la población merece circular sin miedo ni quedar rehén de las protestas. El Gobierno debe proteger, investigar y resolver. Cuando paralizar al país resulta más efectivo que denunciar, la crisis ya no es solo de movilidad: es de confianza, justicia y autoridad real.
Martha González Aguilera
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