Imagina que un médico te dice que tu enfermedad ya no tiene cura. A partir de ese momento, los tratamientos ya no buscan sanarte, solo aliviar temporalmente el dolor mientras el cuerpo se apaga poco a poco. Ante ese escenario, es posible que tú tengas claro que deseas vivir tus últimos días sin sufrir y sin alargar tu existencia con un tratamiento que no logrará sanarte.
Sin embargo, en México la ley todavía no reconoce tu derecho a decidir el momento de morir, lo cual deja a la vista una pregunta muy válida y vigente:
¿Quién debería tener la última palabra frente a tu muerte? ¿tú o el Estado?
Recientemente, la tanatóloga Silvia García Castañeda se hizo esa pregunta, pues a sus 69 años y, durante buena parte de su vida, ha acompañado a diversas personas y familias que atraviesan enfermedades graves y procesos de duelo.
Incluso le tocó vivir en carne propia ese proceso de aceptación, cuando a ella misma le diagnosticaron cáncer de mama, no una, sino dos veces, además de lupus eritematoso sistémico e insuficiencia renal crónica, lo que la llevó a pensar en su propio final, decidiendo que, a pesar de continuar en tratamiento, en caso de que este no funcione, Silvia quiere morir en paz, sin dolor y junto a su familia.
Por eso decidió acudir a los tribunales para cuestionar las leyes que impiden la eutanasia y otras formas de ayuda médica para morir, pues ella defiende que si una persona puede decidir libremente sobre su vida, ¿por qué no también sobre su muerte?
Pero para pedir a las instituciones que revisen las leyes, no basta con considerarlas injustas, hace falta demostrar por qué se consideran así y en qué sentido te afectan de manera directa. Por esa razón, la primera persona juzgadora que revisó el caso, determinó que Silvia no cumplía ese requisito, pues, a pesar de padecer cáncer, no se encontraba en fase terminal.
Por lo que Silvia recurrió al amparo y logró llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el amparo indirecto 147/2026, mismo que el pasado 17 de junio de 2026, ocho de los nueve ministros votaron a favor de estudiarlo directamente.
Aquí vale la pena aclarar que la Corte no aprobó la eutanasia, de momento el máximo tribunal solo aceptó analizar el tema a fondo, aunque la propuesta podría encontrar apoyo entre la mayoría de los ministros. Particularmente, el ministro Arístides Guerrero argumentó durante su intervención que en naciones como Países Bajos, Bélgica, Canadá y Suiza, e incluso Colombia, han despenalizado la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.
Lo que nos lleva a explicar la diferencia entre ambos: en la eutanasia, un médico provoca la muerte de la persona que lo solicita, siempre bajo ciertas condiciones que establece la propia normativa, mientras que en el suicidio médicamente asistido, el médico proporciona los medios, pero es la propia persona quien realiza el acto final.
Pero el verdadero desafío está en determinar dónde termina la libertad de quien enfrenta una enfermedad irreversible y dónde comienza el deber del Estado de proteger la vida.
En el fondo del debate están la dignidad humana, la autonomía personal y también el cuidado de quienes son más vulnerables. Si algún día se permitieran estas prácticas, cada decisión tendría que ser libre e informada y habría que fijar reglas claras para evitar abusos.
La historia de Silvia puso este dilema sobre la mesa. La Suprema Corte todavía no tiene una respuesta, pero sí reconoció que la pregunta merece ser estudiada.
Al final, este caso busca definir hasta dónde llega la libertad de una persona frente a su propia muerte, y qué papel debe jugar el Estado para protegerla sin convertirse en un obstáculo para su voluntad.
En colaboración con Jesús Donaldo Coronel Tenorio.
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