El 1 de septiembre, el Congreso de la Unión recibió el paquete de reformas al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es en el papel, una de las iniciativas de mayor calado en la última década. Pero conviene preguntarnos si apunta al lugar correcto.
Días antes, Transparencia Mexicana entregó un dato que debería ser la brújula de cualquier reforma seria: solo el 7.1% de las investigaciones por corrupción administrativa concluyen en sanción. El 91% permanece “en integración del ministerio público”, atorado antes de llegar a un juez, y apenas el 2.8% alcanza tribunales con orden judicial. El problema no es solo normativo; es de capacidad institucional para investigar y sancionar.
El debate público se ha concentrado casi exclusivamente en eliminar el fuero, que sin duda es necesario, pero no suficiente: si el embudo se atora antes, quitar la inmunidad procesal no libera automáticamente el flujo de la justicia. El propio director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, lo advirtió al señalar que eliminar la inmunidad procesal es relevante “solo si se acompaña de medidas adicionales para evitar la impunidad” penal o administrativa.
Ahí entra un frente en segundo plano: la contratación pública, Transparencia Mexicana identificó más de 120 reglas distintas para compras y contrataciones entre gobiernos federal y estatales. Esa fragmentación es la puerta trasera por la que se cuela buena parte de la corrupción que después nadie sanciona, por lo que una Ley General de Contratación Pública, con reglas homologadas, no es menos urgente que reformar el fuero: es su complemento indispensable.
En paralelo, ha circulado el rumor de que la reforma podría reducir el peso del Comité de Participación Ciudadana dentro del SNA, frente al rol actual del CPC, bajo el argumento de “agilizar” la coordinación institucional. Conviene decirlo con toda claridad: el diseño del sistema anticorrupción mexicano nació precisamente para que la ciudadanía no fuera un adorno, sino un contrapeso autónomo frente al poder que audita. Debilitar esa figura no es simplificar la norma; sería desmontar la única pieza que no responde a intereses de gobierno. Ninguna reforma que se diga seria puede tener como variable de ajuste la voz ciudadana, estemos atentos.
Si el Congreso no toca la integración del ministerio público, homologa la contratación pública y blinda, no reduce, el papel ciudadano, la reforma corre el riesgo de repetir la historia del SNA: arquitectura impecable, sin engranajes ni contrapesos que la muevan.
Yad C. Tagle
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