El Índice de Pobreza Multidimensional Global, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI) de la Universidad de Oxford, ha registrado un punto de quiebre histórico, pues por primera vez desde su creación en 2010, el número de personas en condición de pobreza aguda aumentó a nivel mundial hasta alcanzar los 1,200 millones, con lo que se han incorporado 51.5 millones de personas más respecto al 2025.
Detrás de esta cifra coinciden el acelerado crecimiento demográfico, una persistente crisis debido al costo de la vida, los choques climáticos adversos y las crecientes tensiones geopolíticas que han golpeado las cadenas de abastecimiento en las regiones más vulnerables.
El organismo internacional advierte que más de la mitad de la población afectada la constituyen niñas y niños que padecen de forma simultánea privaciones graves en nutrición, vivienda digna, agua potable, saneamiento, electricidad y acceso a la educación. Este repunte global no representa una métrica abstracta, sino una dura llamada de atención sobre la extrema vulnerabilidad del desarrollo cuando se carece de redes de protección institucional sólidas e incluyentes.
Frente a este escenario internacional, la realidad de México presenta un panorama de profundos claroscuros que exige una lectura objetiva y sin triunfalismos. Conforme a las mediciones del PNUD, nuestro país registra una tasa de pobreza multidimensional aguda significativamente inferior a los promedios globales, manteniendo a menos del 6% de la población en condiciones de extrema privación.
Paralelamente, los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reflejan una disminución en la pobreza general de ingresos, impulsada por las constantes revisiones al salario mínimo y la consolidación de las transferencias directas hacia las familias. No obstante, las evaluaciones multidimensionales locales visibilizan profundas asignaturas pendientes en materia de acceso a servicios públicos de salud y seguridad social.
Esta persistente carencia expone a millones de hogares a gastos médicos catastróficos que erosionan los avances en el ingreso y evidencian que los apoyos monetarios resultan insuficientes sin un sistema público robusto. El deterioro social a nivel internacional obliga a replantear la estrategia pública en México para evitar que los choques externos impacten la estabilidad de los sectores vulnerables.
La erradicación efectiva de la pobreza no puede limitarse a la dispersión de apoyos financieros para contener el consumo inmediato; exige una inversión sostenida en infraestructura social, infraestructura sanitaria, educación de calidad y cobertura de servicios básicos en municipios prioritarios.
Para construir un bienestar verdaderamente sostenible, resulta indispensable articular las alertas de organismos multilaterales como el PNUD con las decisiones presupuestarias locales, garantizando que los recursos públicos resuelvan deficiencias estructurales de fondo.
Frente a un entorno global convulso y con mayores presiones económicas, el desafío central del Estado mexicano consiste en evolucionar desde las políticas de transferencia hacia la garantía universal e indivisible de los derechos sociales de toda la ciudadanía.
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