Pocas decisiones judiciales en México han generado tanta polémica como la libertad de Florence Cassez. Para muchos, la pregunta parecía simple: si había víctimas y una condena por delitos graves, ¿por qué la Suprema Corte la dejó libre?
La respuesta no está en decidir si era culpable o inocente, sino en algo más incómodo: ¿qué pasa cuando quienes investigan un delito no respetan las reglas para probarlo?
Cassez fue detenida en 2005, acusada de participar en secuestros. El caso se volvió aún más grave cuando se supo que su detención había sido “recreada” para las cámaras de televisión: se mostró como si estuviera ocurriendo en vivo, cuando en realidad había pasado horas antes.
Una persona puede estar acusada de un delito y, aun así, conservar sus derechos. El debido proceso no es solo para proteger a los inocentes: existe porque, antes de castigar a alguien, el Estado debe demostrar su culpa siguiendo reglas claras.
La Primera Sala de la Corte encontró varias violaciones: no se le avisó a tiempo sobre su derecho, como extranjera, a comunicarse con el consulado de Francia; no fue presentada de inmediato ante el Ministerio Público; y no se respetó su presunción de inocencia.
La Corte llamó a esto “efecto corruptor”. En palabras sencillas: los errores de la autoridad terminaron dañando la confianza en las pruebas usadas para acusarla. El problema no era solo que las autoridades se hubieran equivocado, sino que esos errores contaminaron la manera de probar su responsabilidad.
La conclusión de la Corte fue clara: ese efecto corruptor había afectado todo el proceso penal, así que no era posible probar la culpabilidad de Cassez como lo exige la Constitución.
Por eso se tomó una decisión difícil de aceptar para muchos: dejarla en libertad.
La Corte revocó la sentencia y ordenó la libertad total e inmediata, porque no se puede sostener una condena cuando el proceso y las pruebas fueron dañados por violaciones a derechos fundamentales.
Aquí surge una pregunta: ¿qué debe pesar más, el deseo de castigar a una persona señalada como responsable, o la obligación del Estado de respetar las reglas para probarlo?
No es una respuesta fácil, sobre todo cuando hay víctimas que piden justicia. Pero justo por eso importa el debido proceso: si aceptamos que la autoridad puede detener, exhibir o presentar pruebas sin reglas solo porque el delito es grave, estaríamos aceptando que cualquier medio se vale para lograr una condena.
Las cámaras de televisión no reemplazan a los jueces, y la opinión pública tampoco puede convertirse en un tribunal.
Quizá la verdadera lección de este caso no sea que una persona pueda salir libre por un error de la autoridad. Es algo que desde el Tribunal de Disciplina hemos repetido: el Estado también tiene límites.
Cuando una autoridad viola los derechos de una persona para conseguir una condena, no fortalece la justicia: la debilita. En un Estado de Derecho, ni siquiera la gravedad de un delito le da permiso al Estado para dejar de respetar la ley.
En colaboración con Álvaro Jesús Gómez Palma.
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