Durante mucho tiempo imaginamos la justicia de una sola manera: dos partes enfrentadas ante un tribunal y una sentencia que determina quién tiene la razón. Los juicios son indispensables. Hay conflictos en los que una jueza o un juez debe intervenir para proteger derechos, corregir desigualdades y hacer cumplir la ley.
Pero no todo desacuerdo necesita convertirse en una batalla judicial.
La conciliación y la mediación nos ofrecen otra posibilidad: resolver conflictos mediante el diálogo, con respeto a la ley y a los derechos de quienes participan.
Acudir a los tribunales es un derecho. Sin embargo, existen controversias familiares, civiles, mercantiles, laborales o vecinales que pueden encontrar una solución más rápida y menos desgastante mediante mecanismos alternativos.
Porque un juicio tiene costos que no siempre aparecen en el expediente. No solamente hablamos de dinero, abogados, traslados o tiempo. También existe un costo emocional: familias divididas, hermanos que dejan de hablarse, padres que convierten sus diferencias en años de confrontación o relaciones que terminan destruidas.
El derecho puede resolver la controversia jurídica, pero no siempre puede reparar las heridas que deja el conflicto.
Por eso conciliar no significa perder. Mediar tampoco significa renunciar a nuestros derechos. Significa explorar la posibilidad de construir una solución antes de entregar a un tercero la decisión final.
En un juicio, la autoridad resuelve. En la mediación, las personas participan en la construcción del acuerdo. Y esa diferencia puede ser enorme: cuando una sentencia se impone, alguien puede sentirse derrotado; cuando un acuerdo se construye, ambas partes pueden sentirse escuchadas.
Por supuesto, no todo puede ni debe mediarse.
Cuando existe violencia, intimidación, una profunda desigualdad entre las partes o derechos que requieren protección inmediata, el Estado debe intervenir con firmeza. La paz nunca puede construirse a costa de los derechos de una persona. No podemos llamar conciliación a la resignación de quien acepta porque tiene miedo.
Por ello, el verdadero desafío no consiste en elegir entre tribunales o mediación, sino en determinar cuál es la mejor vía para resolver cada conflicto.
Una justicia moderna debe ofrecer ambas posibilidades.
También debemos cambiar nuestra cultura jurídica. Durante generaciones hemos aprendido una frase frente al conflicto: “te voy a demandar”. Quizá necesitamos incorporar otra: “hablemos y busquemos una solución”.
Esto no debilita a los tribunales. Al contrario. Si los asuntos que pueden resolverse mediante acuerdos encuentran esa salida, los órganos jurisdiccionales pueden concentrar mayores esfuerzos en aquellos casos que verdaderamente requieren una sentencia.
Incluso deberíamos preguntarnos cómo medimos el éxito de la justicia. No solamente cuántos expedientes ingresaron o cuántas sentencias fueron dictadas, sino cuántos conflictos lograron solucionarse, cuántas familias encontraron acuerdos y cuántas personas sintieron que fueron escuchadas.
Quienes ejercemos el derecho tenemos también una responsabilidad. Una buena abogada o un buen abogado no es solamente quien gana juicios; también puede ser quien evita uno innecesario y ayuda a encontrar una solución justa.
La justicia necesita tribunales fuertes, independientes y profesionales. Necesita juezas y jueces capaces de decidir con firmeza cuando sea necesario. Pero también necesita espacios para la palabra, la escucha y los acuerdos.
Porque no todo conflicto necesita terminar con un vencedor y un vencido.
A veces, hacer justicia significa dictar una sentencia.
Y otras veces significa evitar que sea necesaria.
Entre la justicia y el corazón existe un espacio para el diálogo. Construirlo también es hacer justicia
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