Seguramente conocen el caso de un maestro suplente de sexto grado en Martínez de la Torre, Veracruz, pidió a sus alumnos dibujar el camino de su casa a la escuela. Una madre de familia lo cuestionó con una pregunta que quedó grabada y se volvió viral: “¿Para qué lo quiere, maestro?”. El caso escaló a la Fiscalía por otros señalamientos que siguen en investigación y que no son materia de esta columna.
El croquis no era ninguna ocurrencia: aparece en materiales oficiales de la SEP para primaria. Pero quedarnos en la burla sería perder la lección de fondo. Esa madre hizo la pregunta más importante de la protección de datos personales: ¿para qué? Un dibujo que muestra dónde vive una niña o un niño sí dice algo sobre su vida. Y la ley mexicana exige que, cuando se trata de menores, prevalezca su interés superior.
El problema es que solemos hacer esa pregunta en el lugar equivocado, interrogamos al maestro con un lápiz en la mano, pero casi nunca a las instituciones que guardan nuestro domicilio, nuestra CURP, nuestro historial médico o nuestra situación económica; ahí la pregunta debería sonar más fuerte, porque las decisiones sobre esos datos pueden quedar en manos de un sistema y no de una persona.
Piense en un programa social que asigna puntajes automáticos para decidir quién recibe un apoyo, la ley vigente desde marzo de 2025 permite oponerse cuando una máquina, sin intervención humana, evalúa nuestra situación económica, nuestra salud o nuestro comportamiento y eso nos afecta de manera significativa. También reconoce el derecho a saber, gratis, qué datos tiene la autoridad sobre nosotros y para qué los usa. El aviso de privacidad, ese texto que solemos ignorar, es justamente la respuesta escrita a la pregunta de aquella madre.
Del otro lado, la exigencia es mayor, antes de poner en marcha una tecnología que trate datos de forma intensiva, las autoridades deben evaluar sus riesgos. Pero esa evaluación puede convertirse en un trámite si quien la firma no entiende cómo funciona lo que está comprando. Hoy no basta capacitar al personal en formatos: quien adquiere o supervisa un sistema que clasifica personas necesita formación especializada en inteligencia artificial, algoritmos y sesgos, para responder con precisión cuándo una máquina decide y con qué criterios.
El caso del croquis nos deja una paradoja: desconfiamos del maestro que pide un dibujo y confiamos a ciegas en el sistema que nos califica. Construir ciudadanía digital es invertir esa intuición, preguntar “¿para qué lo quiere? a quien realmente tiene el poder de decidir con nuestros datos, y exigir que sepa responder. Porque en democracia la privacidad hoy es una aliada indispensable de la ciudadanía.
Yad C. Tagle
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