La glosa del tercer informe de la gobernadora Delfina Gómez tendría que ser más que una pasarela de funcionarios y cifras seleccionadas. Debería revisar qué se prometió, qué se cumplió y qué sigue pendiente en el Estado de México. Sin embargo, desde su arranque el pasado martes, con cinco secretarios ante el pleno legislativo, quedó una pregunta: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar el Congreso para exigir cuentas?
Revisar una administración amplia con menos de la mitad del gabinete reduce el alcance del ejercicio. Una glosa incompleta corre el riesgo de convertirse en ceremonia política, útil para la fotografía, pero insuficiente para rendir cuentas.
Si las preguntas se quedan en generalidades y las respuestas se aceptan sin indicadores verificables, la fiscalización pierde fuerza. Las y los legisladores deben preguntar por metas cumplidas, obras retrasadas, presupuesto ejercido y responsabilidades administrativas. El Congreso no está para aplaudir cifras, sino para comprobar qué significan.
La seguridad es una prueba urgente. No basta con presentar operativos o reducciones porcentuales sin explicar dónde ocurrieron y cómo cambiaron la vida pública.
En distintas regiones, comerciantes viven bajo amenaza de extorsión y hacen cuentas para pagar la cuota antes que para sostener sus negocios. ¿Qué zonas siguen bajo presión criminal?, ¿cuántas denuncias se investigan?, ¿cuántas carpetas terminan en detenciones y sentencias? Sin respuestas, cualquier balance queda incompleto.
En movilidad, la evaluación no puede reducirse a anuncios cuando miles de personas enfrentan calles destrozadas, traslados largos y transporte deficiente.
En salud y agua, el examen debe mirar el servicio que recibe la población, no solo el presupuesto anunciado o las obras inauguradas. La distancia entre discurso y experiencia diaria es lo que una glosa seria tendría que analizar.
El problema no es cuánto se informa, sino cuánto se cuestiona. Mientras algunos funcionarios parecen más atentos a la siguiente posición política que a resolver los pendientes de sus áreas, las necesidades del estado no esperan. La lealtad partidista no sustituye la obligación de entregar resultados ni convierte por sí sola una gestión en buen gobierno.
La comparecencia debe iniciar la revisión. El Congreso tiene la oportunidad de exigir datos abiertos, respuestas precisas y seguimiento a cada compromiso.
Si no lo hace, la glosa será un recuento parcial, sin consecuencias ni capacidad para corregir el rumbo.
La ciudadanía no necesita funcionarios que expliquen por qué las cosas parecen avanzar: necesita pruebas. Gobernar no consiste en administrar cifras ni preparar la siguiente candidatura, sino en transformar la realidad. Esa es la cuenta pendiente.
Martha González Aguilera
About the Author
