Lo ocurrido en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, merece mucho más que una respuesta administrativa. Cuando familiares de personas privadas de la libertad denuncian presuntos cobros irregulares, el problema no es menor. Está en juego la dignidad de quienes entran y permanecen dentro del centro penitenciario y están del todo vulnerables ante las mafias y sus tentáculos diversos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una investigación de oficio el 9 de septiembre, tras información periodística sobre los señalamientos. Al día siguiente, personal de la Visitaduría Especializada realizó una inspección en Santiaguito. Revisó las áreas de ingreso, registro de visitantes, revisión de alimentos y artículos de aseo, además de los espacios de convivencia familiar. También entrevistó aleatoriamente a familiares y observó los filtros.
Hay un dato que merece atención: la CODHEM solicitó medidas cautelares para proteger a visitantes y garantizar una estancia digna y segura. No es una condena anticipada, pero sí una señal que obliga a la Secretaría de Seguridad.
Y es que la autoridad puede sostener que los penales están en orden, pero las versiones de los familiares plantean una realidad distinta. Un gobierno responsable no debería limitarse a defender su versión; tendría que demostrar, con controles, que las irregularidades denunciadas no forman parte de la operación cotidiana.
Las revisiones de seguridad son indispensables, pero deben realizarse dentro de la ley, sin discriminación y respetando la dignidad. No hay justificación para que un procedimiento termine convertido en abuso, humillación o en una oportunidad para exigir dinero.
La investigación debe avanzar sin prejuicios, pero también sin complacencias. Si los testimonios confirman cobros indebidos o cualquier vulneración, habrá que identificar responsables, sancionarlos y corregir los mecanismos que permitieron esas prácticas. Si no se acreditan, también deberá explicarse por qué surgieron denuncias. La sociedad merece explicaciones.
La CODHEM ha señalado que dará seguimiento con objetividad y protegerá los datos personales, sin anticipar responsabilidades. Es la ruta correcta. Pero la Secretaría de Seguridad debe colaborar plenamente y revisar controles. Defender la institución no puede significar encubrir abusos.
Santiaguito debe servir como advertencia. Detrás de cada visita hay una familia que llega a ver a un ser querido, no a enfrentar obstáculos ni posibles abusos. Y detrás de cada interno hay una persona cuyos derechos no desaparecen al cruzar una puerta.
Si el gobierno sostiene que sus penales están en orden, debe probarlo de veras con hechos. Un sistema penitenciario seguro no es el que silencia las quejas, sino el que tiene reglas claras, vigilancia efectiva y servidores sujetos a la ley. Y cuando la dignidad comienza a tener precio, la autoridad no puede mirar hacia otro lado.
Martha González Aguiler
About the Author
