La protesta de propietarios de máquinas tragamonedas frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deja una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la obligación de combatir el delito y dónde comienza el deber de explicar cada aseguramiento?
A poco más de un mes del arranque de la Operación Dos de Bastos, iniciada el 13 de julio, la autoridad reporta casi 3 mil máquinas tragamonedas aseguradas y más de 5 toneladas de dinero. Es una cifra contundente.
También lo es el argumento oficial de que detrás de estas actividades existen irregularidades y posibles vínculos con organizaciones criminales, entre ellas la Familia Michoacana. Si existen indicios y pruebas, la persecución debe continuar. Sin titubeos.
Pero por la dimensión del operativo, la exigencia de información tampoco puede ser tratada como ruido menor. Integrantes de la Unión Nacional de Maquineros aseguran que en algunos establecimientos quedaron avisos de aseguramiento con números de folio, pero desconocen qué Agencia del Ministerio Público lleva cada caso y cuál es la carpeta. Ahí aparece el punto delicado: una autoridad fuerte no es la que solamente decomisa; es la que explica por qué y bajo qué procedimiento.
Y es que parece que se está normalizando una escena preocupante: personas o negocios señalados por la autoridad por presuntas conductas ilícitas salen a las calles a reclamar sus bienes y derechos. Ya ocurrió con grupos de comerciantes ambulantes en Toluca. La protesta no demuestra inocencia.
La verdad es que el fenómeno de las tragamonedas no puede reducirse a una discusión sobre el derecho al trabajo. Si existen apuestas irregulares, lavado de dinero, extorsión, corrupción o utilización de estos aparatos por redes criminales, el problema es mucho más serio que una disputa administrativa.
Si la autoridad tiene elementos para sostenerlo, debe llevarlos hasta sus últimas consecuencias. De lo contrario, la sospecha ocupa el espacio de la prueba.
La UNAMA anunció una movilización mayor para el 3 de septiembre en la Ciudad de México, con operadores de Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán y Estado de México. El conflicto crece. La salida no está en ceder ante la presión callejera.
La FGJEM tiene una oportunidad para demostrar que la legalidad funciona en ambos sentidos: perseguir a quien delinque y respetar los derechos de quien aún no ha sido condenado. Combatir el crimen exige firmeza, pero también expedientes claros, procedimientos transparentes y resultados verificables.
Si hay delito, que haya castigo. Si no lo hay, que haya devolución. Lo que no puede haber es una zona gris donde el decomiso sea inmediato y las respuestas tarden una eternidad.
Martha González Aguilera
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