En el Estado de México se cometen en promedio 4.5 delitos de extorsión diariamente, refieren las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales indican que, de enero a agosto del presente año, en la entidad se cometieron mil 93 ilícitos de este tipo, es decir, 136 extorsiones cada mes.
A nivel nacional, en el periodo referido, se cometieron 7 mil 188 extorsiones. En EdoMéx, el mes de mayor incidencia fue marzo con 173 delitos denunciados, y el de menor incidencia fue agosto, con 120. Dichas cifras indican que la tendencia ha ido a la baja; sin embargo, durante los ocho meses contabilizados por el SESNSP el delito de extorsión ha incrementado en tres ocasiones, en los meses de febrero, marzo y mayo.
La estadística mensual precisa que en el Estado de México, en enero se cometieron 107 extorsiones; en febrero 124; en marzo 173; en abril 157; en mayo 134; en junio 150; en julio 128; y en agosto 120. Asimismo, de las mil 93 extorsiones denunciadas en la entidad, 391 fueron de tipo presencial y 702 por otros medios.
El Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) define la extorsión como la acción de “a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
El encargado nacional del CADDE, Fernando Ernesto Robles Cázares, informó que actualmente, en México existen más de 35 agravantes de este delito. Dijo que la mayoría de los casos tiene que ver con extorsiones tentativas, y que uno de cada 10 ilícitos es de tipo presencial.
EdoMéx entre los de mayor incidencia
Datos del Gobierno Federal señalan que los estados donde se acumula el 66 por ciento de las extorsiones a nivel nacional son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Estrategia Nacional
En julio de 2025 el Gobierno de México lanzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La estrategia se basa en cinco ejes: Generar detenciones mediante investigación e inteligencia; Fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; Aplicar el protocolo de atención a víctimas; Capacitar a operadores del 089 en Manejo de Crisis y Negociación; e Implementar una campaña de prevención nacional.
Uno de los objetivos principales es el fomento de la denuncia a través del número 089, el cual es exclusivo a nivel nacional para atender denuncias y orientar a la población sobre este delito.
El delito que acecha
“La extorsión es el delito que termina alterando la manera en que una sociedad vive, trabaja e invierte. Cuando un comerciante recibe una llamada para exigirle dinero, cuando un empresario debe pagar para mantener abierto su negocio o cuando una familia modifica sus actividades por temor a ser víctima, el daño trasciende el hecho delictivo. Se deteriora la libertad con la que las personas pueden desarrollar su vida y su actividad económica”, afirmó el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.
El líder empresarial refirió que los datos del primer semestre de 2026 obligan a mirar esta realidad con seriedad. Entre enero y junio se registraron 6 mil 562 víctimas de extorsión, 551 más que en el mismo periodo de 2025. Es la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años y representa un incremento de 9.17 por ciento.
Sierra Álvarez alertó que la dimensión real es mayor, toda vez que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 97 por ciento de los casos de extorsión no se denuncia ni llega a los registros oficiales. “Esto significa que detrás de las cifras conocidas existe una realidad mucho más amplia, alimentada también por el silencio de quienes prefieren no denunciar ante la falta de confianza en las instituciones o por temor a represalias”.
Cifra negra
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, dados a conocer en el presente mes, refieren que la cifra negra o cifra oculta, es decir, los delitos no denunciados, los delitos denunciados sin carpeta de investigación, o aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, en el Estado de México corresponde a 94 por ciento. A nivel nacional dicha cifra es del 93.4 por ciento.
“La extorsión sigue siendo el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios y ciudadanos en nuestro país. Es el delito que mata a las MiPyMEs. Cada llamada, amenaza o exigencia de pago representa una forma de violencia que limita la libertad, afecta el patrimonio y condiciona decisiones que deberían tomarse con plena tranquilidad”, indicó el presidente nacional de Coparmex.
Refirió que siete de cada diez casos son cometidos a distancia, mediante llamadas telefónicas, internet o redes sociales, y advirtió que la tecnología, que debería ampliar oportunidades y facilitar la actividad económica, también está siendo utilizada por los delincuentes para encontrar nuevas formas de intimidar y obtener recursos.
La Confederación consideró que si bien México cuenta con una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, el reto está en llevarla plenamente a la práctica.
“La seguridad de las personas y la continuidad de las empresas requieren instituciones con capacidades suficientes para investigar y sancionar este delito. Es indispensable concluir la homologación de las legislaciones locales, garantizar recursos para las unidades especializadas de las fiscalías y establecer mecanismos que permitan verificar su operación”.
Enfatizó que la extorsión merece atención inmediata, y que su crecimiento demuestra que las capacidades institucionales deben concentrarse también en las nuevas modalidades con las que opera este delito.
“No podemos acostumbrarnos a que extorsionar sea una práctica cotidiana para miles de personas. Tampoco podemos permitir que el miedo determine dónde abrir un negocio, cuánto invertir o si vale la pena permanecer en una comunidad. México necesita recuperar espacios para trabajar, invertir y emprender con libertad”, expresó.
Penalidades y agravantes
La ley penaliza el nivel de impacto, el perfil de la víctima, y la violencia empleada sumando años adicionales a la pena base.
El nivel 1 es el que se refiere al Impacto Económico y se imponen penas de 4 a 8 años de prisión. El artículo 16 se refiere al cobro de “cuotas” o la imposición de precios a comercios; la coacción sindical simulada para forzar contratos; exigir pagos vía transferencias o criptomonedas; y amenazas a candidatos políticos.
El nivel 2 se refiere a la Vulnerabilidad y Tecnología, con penas de 5 a 12 años de prisión. El artículo 17 indica como víctimas vulnerables a migrantes, menores, mujeres embarazadas, y adultos mayores. Uso de datos personales, imágenes íntimas o deepfakes. Falsos secuestros y cobros mediante terceros.
El nivel 3 se refiere al Nivel Crítico, con penas de 7 a 17 años de prisión. El artículo 18 se refiere al uso de violencia física, armas y cárteles simulados. Daño económico a toda una comunidad. Servidores públicos involucrados; operación desde un penal; y accidentes provocados (montachoques).
Karina Villanueva
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