Hay una forma de injusticia que pocas veces se nombra. No aparece en los expedientes judiciales ni siempre llega a los tribunales. Se vive todos los días en miles de hogares donde el cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad recae, casi de manera exclusiva, sobre las mujeres.
Durante décadas asumimos que cuidar era una obligación natural de ellas. Sin embargo, cuidar es un trabajo que sostiene la vida, fortalece a las familias y hace posible que la sociedad funcione. Lo injusto no es cuidar; lo injusto es que esa responsabilidad limite los derechos, los sueños y las oportunidades de quien la ejerce.
Hablar de un sistema de cuidados es hablar de igualdad. Es reconocer que el bienestar de una sociedad depende de que las responsabilidades familiares sean compartidas por las familias, las comunidades, las empresas y el Estado.
Pero el sistema de cuidados tiene un propósito aún más profundo: poner en el centro a quienes históricamente han permanecido invisibles.
El gran reto es visibilizar a las niñas, niños y adolescentes, porque su voz no siempre es escuchada. Con demasiada frecuencia los adultos decidimos por ellos sin detenernos a comprender sus necesidades, sus emociones o sus proyectos de vida. Una sociedad verdaderamente justa debe garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y priorizar la atención de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellos que viven en contextos de pobreza extrema, donde las oportunidades suelen verse limitadas desde los primeros años de vida.
Proteger la infancia también significa proteger a quienes la cuidan.
Por ello, un sistema de cuidados debe brindar herramientas para que las madres desarrollen su autonomía económica y fortalezcan su autosuficiencia. Ninguna mujer debería verse obligada a abandonar sus estudios, renunciar a su profesión o renunciar a sus aspiraciones porque no existen redes de apoyo suficientes para cuidar de sus hijas e hijos.
El derecho de las mujeres a desarrollarse profesionalmente no compite con el derecho de la niñez a recibir cuidados de calidad. Por el contrario, ambos derechos se fortalecen cuando existen políticas públicas que permiten conciliar la vida familiar con la laboral, servicios de cuidado accesibles, licencias parentales corresponsables y una distribución equitativa de las tareas del hogar.
La justicia no consiste en pedir a las mujeres que hagan más sacrificios. Consiste en construir condiciones para que puedan elegir libremente el proyecto de vida que desean, sin que ello implique descuidar a quienes aman ni renunciar a su crecimiento personal.
Cuando una madre alcanza autonomía económica, toda la familia se fortalece. Cuando una niña o un niño crece en un entorno de cuidado, protección y oportunidades, toda la sociedad avanza. Cuando el Estado reconoce el valor del cuidado y lo convierte en una responsabilidad compartida, la igualdad deja de ser un discurso para convertirse en una realidad.
El sistema de cuidados no es una concesión ni un privilegio. Es una expresión de justicia social. Es reconocer que todas las personas tenemos derecho a cuidar y a ser cuidadas con dignidad, sin que ello represente una barrera para ejercer otros derechos.
Porque la justicia también comienza en casa, cuando escuchamos la voz de la infancia, compartimos las responsabilidades del cuidado y permitimos que cada mujer pueda crecer, decidir y desarrollarse plenamente.
Solo entonces podremos decir que hemos construido una sociedad que no solo protege derechos, sino que también cuida a las personas.
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