Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso mexiquense, la
titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, Hilda
Salazar Gil, informó que durante el tercer año de gobierno se
determinaron 2 mil 831 observaciones derivadas de auditorías y se
sancionó a 2 mil 438 personas servidoras públicas. Asimismo, pidió a
las y los legisladores impulsar cambios legales para fortalecer las
facultades de la dependencia en la aplicación de sanciones.
De acuerdo con Salazar Gil, mil 718 observaciones estuvieron
relacionadas con mejoras al control interno y mil 113 con posibles
irregularidades administrativas. De estas últimas, 497 fueron
aclaradas y 616 se turnaron a las áreas de investigación
correspondientes.
En cuanto a las sanciones, mil 365 personas servidoras públicas
recibieron amonestaciones, 470 fueron suspendidas temporalmente hasta
por 30 días, 12 fueron destituidas y 591 inhabilitadas. La principal
causa fue el incumplimiento en la presentación de declaraciones
patrimoniales. Del total de personas sancionadas, 2 mil 195
pertenecían al personal operativo, 219 a mandos medios y 24 a niveles
superiores.
En materia de denuncias, Salazar Gil reportó la recepción de 21 mil
727 durante el periodo informado. De estas, 15 mil 453 fueron turnadas
a órganos de control y 6 mil 474 se desecharon por no contar con
elementos mínimos para iniciar una investigación. Entre las conductas
más denunciadas destacó el abuso de funciones, seguido del
incumplimiento de responsabilidades de las personas servidoras
públicas.
Al ser cuestionada por legisladores de oposición sobre la desaparición
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (INFOEM), aseguró que el derecho de
acceso a la información pública continúa vigente y que reciben
alrededor de 100 solicitudes diarias, sin embargo, el trámite de
respuestas permanece suspendido durante un plazo de 90 días; al tiempo
que, señaló que Transparencia Mexiquense, contará con autonomía
técnica y operativa, conforme a la legislación estatal.
Sin embargo, como parte del ejercicio de transparencia, las bancadas
del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron la solicitud de
resultados de las acciones anticorrupción, la atención de las
denuncias y los mecanismos para prevenir irregularidades en las
contrataciones públicas. En particular, la bancada del PRD exigió las
auditorías realizadas a la Secretaría de Salud y las acciones
emprendidas ante posibles irregularidades en el manejo de recursos
públicos.
Ante ello, Salazar pidió a las y los diputados respaldar cambios
legales que permitan ampliar las facultades de la Contraloría para
atender las irregularidades detectadas, particularmente en materia de
obras públicas, al tiempo que reiteró que la dependencia mantiene
acciones para promover el uso adecuado de los recursos públicos.
“No contamos con dientes suficientes. Pido que nos puedan, ustedes
como legisladores, apoyar con estos dientes para tener mejores
resultados”, reiteró al explicar que la Secretaría tiene facultades
para investigar y sancionar faltas administrativas no graves, mientras
que los casos considerados graves se remiten a otras instancias.
Atenea Rojas
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