A cinco meses de la aprobación de la nueva Ley de Salud del Estado de México, el reto ya no se encuentra únicamente en reconocer nuevos derechos, ampliar la cobertura o modernizar el marco jurídico, sino en garantizar que las disposiciones puedan aplicarse con recursos suficientes, infraestructura funcional y mecanismos de seguimiento.
La legislación es considerada pionera e innovadora por incorporar una visión más amplia del derecho a la salud, reconocer derechos específicos de pacientes y usuarios, fortalecer la prevención y contemplar la atención de grupos históricamente vulnerables. Sin embargo, desde su discusión legislativa quedó pendiente uno de los elementos centrales para hacerla realidad: establecer un presupuesto fijo y específico para el sector.
La nueva Ley de Salud fue aprobada por el Congreso mexiquense después de integrar 15 iniciativas presentadas por legisladores de distintas fuerzas políticas, la ciudadanía y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Con su entrada en vigor, se abrogó el Libro Segundo del Código Administrativo estatal, que anteriormente concentraba las disposiciones en materia sanitaria.
El nuevo ordenamiento regula la prestación de servicios de salud en los sectores público, social y privado, y establece bases para garantizar el acceso a la atención médica bajo principios como gratuidad en los servicios públicos, calidad, humanismo, perspectiva de género, interés superior de la niñez, progresividad, universalidad, justicia social y sostenibilidad.
Uno de sus principales avances es el reconocimiento de un catálogo de derechos de pacientes y usuarios. Entre ellos se encuentran el derecho a recibir un trato digno, contar con información suficiente, otorgar o negar el consentimiento informado, proteger la confidencialidad de sus datos, acceder al expediente clínico, recibir atención de urgencias y disponer de medicamentos conforme a las necesidades de cada caso.
No obstante, la propia ley establece que su estructura deberá operar con los recursos humanos, materiales y presupuestales disponibles, sin generar cargas adicionales, bajo criterios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera, lo que abre la principal interrogante: ¿cómo se garantizarán nuevos derechos y obligaciones sin una asignación presupuestal claramente definida?
Eduardo Salazar, consultor especializado en legislación de salud y diseñador de proyectos legislativos de Grupo Vanguardia con Visión Global A.C. y principal impulsor de la iniciativa ciudadana que sirvió como base para la nueva legislación, destacó que el ordenamiento aprobado recuperó aproximadamente 90 por ciento de la propuesta ciudadana original, pero dejó fuera elementos que consideraba indispensables, como un esquema de financiamiento para el sistema estatal de salud.
El especialista sostuvo que desde la discusión en comisiones no se presentó un presupuesto fijo destinado exclusivamente a la aplicación de la ley y que esa disposición tampoco quedó incorporada en el texto aprobado por el pleno, al considerar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) debería ascender idealmente al 6%; sin embargo, en México únicamente se ubica entre el 2.4 y el 3.3%, mientras que el 13.1% del PIB se gastó en desarrollo social.
“Una ley puede ser innovadora, puede reconocer derechos y establecer obligaciones, pero si no tiene recursos suficientes para aplicarse, se corre el riesgo de que se quede solamente en el papel”, planteó.
De acuerdo con Salazar, la iniciativa ciudadana contemplaba la creación de fondos de financiamiento con recursos locales, nacionales e internacionales, incluidos fondos globales, con el propósito de fortalecer la infraestructura, el equipamiento, la contratación de personal y el abasto de medicamentos.
También señaló que el proyecto original consideraba un Plan Maestro de Infraestructura Hospitalaria que permitiera identificar las necesidades del estado, evitar la construcción de hospitales inconclusos y establecer una ruta de inversión, operación y mantenimiento; una propuesta que, además de ser descartada en el Congreso local, fue desechada en conjunto con el resto de los puntos de la iniciativa por la anterior administración de la Secretaría de Salud Estatal, al considerarse “inviable”.
Por lo anterior, Salazar también consideró necesario transparentar cuántos inmuebles estatales y municipales han sido desincorporados o transferidos al IMSS-Bienestar, cuál es su valor económico y qué avance presentan las obras proyectadas en esos espacios, tomando en cuenta que, desde 2024 hasta agosto de este año, se contabilizaban cerca de 79 inmuebles. Sin embargo, hasta ahora no existe claridad suficiente sobre el número definitivo, el valor de los bienes y el avance físico de la infraestructura.
“Para el próximo presupuesto 2027, se debería estar destinando más recurso para la implementación de la ley que el que se aprobó para 2026 y para 2025, ahora ya no hay pretexto”, señaló.
Desde el Congreso del Estado de México se ha señalado que la nueva ley deberá acompañarse de ajustes administrativos, jurídicos y presupuestales. En este sentido, la diputada local de Morena, la doctora Jennifer González López, reconoció que el principal pendiente es pasar de la aprobación normativa a la aplicación efectiva de sus disposiciones. Explicó que muchas de las acciones contempladas ya se realizan, pero que la medición de resultados y la consolidación de indicadores requerirán tiempo.
La legisladora también destacó que la transición hacia el esquema del IMSS-Bienestar implica un proceso de coordinación institucional que puede extenderse durante varios años, como es el avance hacia un expediente común entre los distintos sistemas de atención médica.
“Nos da mucha esperanza de poder recibir unos presupuestos y ajustes para el siguiente periodo, en el cual podamos establecer todos los programas y todas las acciones que se ven plasmadas en esa Ley de Salud, de la cual evidentemente ya se están llevando a cabo muchas de esas acciones, pero tomará tiempo ver los indicadores de los resultados para seguir evaluando el beneficio o la aplicación de esta Ley de Salud a través de los sistemas”, señaló.
Por su parte, la diputada local también de la bancada guinda, Zaira Cedillo Silva, identificó como uno de los pendientes más importantes la ejecución de las disposiciones relacionadas con la interrupción legal del embarazo. Señaló que será necesario garantizar servicios seguros, gratuitos y accesibles, además de capacitar al personal médico para que pueda aplicar plenamente la ley.
“Tenemos uno de los temas, que es la objeción de conciencia; todavía falta capacitación a los médicos para poder ejercer por completo esta ley y que garanticemos los servicios en su totalidad a las vecinas y los vecinos mexiquenses”, afirmó.
La diputada sostuvo que existen recursos y que se trabaja en la descentralización o desincorporación de bienes municipales y estatales para su transferencia al gobierno federal y al IMSS-Bienestar. Destacó que se contempla retomar un hospital oncológico abandonado en Ecatepec, con una capacidad proyectada de 200 camas, así como una unidad médica de 200 camas en Atenco, región que, aseguró, supera el 40 por ciento de avance administrativo.
No obstante, el avance administrativo no necesariamente equivale a una obra terminada ni a un servicio en operación. Para que la infraestructura se traduzca en atención médica, todavía deben resolverse aspectos jurídicos, financieros, técnicos y de equipamiento; al tiempo que la nueva ley también deberá demostrar que puede articularse con la transición al IMSS-Bienestar, la transferencia de inmuebles y las responsabilidades de los gobiernos estatal y municipales.
Es así como el siguiente momento decisivo para la nueva Ley Estatal de Salud será la discusión del paquete económico 2027, pues, aunque el ordenamiento establece derechos, obligaciones y nuevas bases de coordinación, sus artículos transitorios señalan que la implementación deberá atenderse conforme a las previsiones presupuestales disponibles, lo que significa que la aplicación de la ley dependerá, en buena medida, de las decisiones que tomen el Ejecutivo estatal y el Congreso al definir el gasto público.
El debate no se limita a solicitar más recursos, sino a conocer con precisión cuánto dinero se necesita, en qué rubros se ejercerá, qué metas se pretenden alcanzar y cómo se medirá el cumplimiento de los objetivos. Sin esa planeación, los derechos reconocidos podrían avanzar de manera desigual entre regiones y municipios.
Finalmente, para el consultor especializado, Eduardo Salazar, será necesario impulsar reformas posteriores para recuperar disposiciones que fueron excluidas de la iniciativa ciudadana, particularmente las relacionadas con financiamiento, infraestructura, vigilancia y rendición de cuentas.
De esta manera, el verdadero alcance de este dictamen comenzará a medirse cuando sus disposiciones dejen el terreno normativo y se conviertan en servicios accesibles, gratuitos, oportunos y de calidad para la población mexiquense.
Atenea Rojas
About the Author
