El diputado local del PAN, Anuar Azar, propuso realizar foros en los
32 congresos locales y en el Congreso de la Unión para construir un
Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa, con
el objetivo de revisar los mecanismos legales a los que podrían
recurrir las familias ante situaciones de riesgo, así como la
regulación de la portación de armas y la capacidad de respuesta de las
autoridades.
En conferencia de prensa, el legislador señaló que es necesario
revisar el marco jurídico vigente para determinar bajo qué
circunstancias un ciudadano puede defenderse ante una amenaza
inminente, particularmente cuando la respuesta de las autoridades no
es inmediata.
Azar explicó que, la discusión contemplaría el análisis del artículo
10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como las disposiciones del
Código Penal Federal relacionadas con la posesión, portación de armas
y legítima defensa.
Aunque reconoció que las posibles reformas corresponderían al ámbito
federal, planteó llevar la discusión a los 32 congresos locales, al
considerar que estos espacios permitirían la participación de
distintas expresiones políticas y de la ciudadanía. Por ello, propuso
que el análisis se desarrolle mediante un parlamento abierto, con la
participación de especialistas, autoridades y organizaciones
ciudadanas.
En este sentido, planteó la realización de cuatro mesas de análisis.
La primera, denominada “Constitución, legítima defensa y derechos
ciudadanos”, abordaría aspectos relacionados con la portación de armas
y la capacitación para su uso. La segunda, “Seguridad pública,
delincuencia y capacidad de respuesta del Estado”, analizaría tiempos
de respuesta policial y los posibles efectos de una mayor presencia de
ciudadanos armados.
También se realizaría la mesa “Requisitos para la portación de armas”,
enfocada en temas como capacitación certificada, licencias renovables,
registro y trazabilidad de las armas. Finalmente, la mesa
“Salvaguardas y protección a terceros” abordaría los riesgos
relacionados con la violencia familiar y de género, la pérdida o robo
de estos objetos y las restricciones para portarlos en lugares como
escuelas, bares y edificios públicos.
El diputado aclaró que la propuesta no busca presentar la portación de
armas como una solución a la violencia en México, sino analizar si un
esquema legal, selectivo, capacitado y estrictamente regulado podría
contribuir a la seguridad de determinados ciudadanos.
Entre las medidas planteadas se encuentran evaluaciones físicas,
psicológicas y toxicológicas; revisión de antecedentes; capacitación
obligatoria y renovación bianual de las autorizaciones.
Al concluir los foros, se elaboraría un documento denominado Acuerdo
Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa, que
integraría propuestas de reformas constitucionales y legales para ser
entregadas a autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial Federal,
así como a representantes del Congreso de la Unión.
Atenea Rojas
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