crecimiento de 3 por ciento en el gasto destinado a contratación de
personal cuando se trate de funciones de seguridad pública y salud.
Durante la presentación de su iniciativa, el diputado local de Morena,
Edgar Samuel Ríos explicó que actualmente el artículo 10 establece que el gasto global en servicios personales no puede crecer más de 3 por ciento en términos reales anualmente, lo que consideró, puede
convertirse en una “camisa de fuerza” para las administraciones que
requieren ampliar sus plantillas en áreas consideradas prioritarias.
El legislador señaló que el problema es particularmente evidente en
seguridad pública, al referir que existe un déficit de policías tanto
a nivel estatal como municipal, mientras que los ayuntamientos
enfrentan restricciones para incrementar sus corporaciones o mejorar
las condiciones salariales de sus elementos sin rebasar los límites
establecidos por la legislación financiera.
En materia de salud, argumentó que las necesidades de atención de una población estatal superior a los 17 millones de habitantes, así como
el proceso de consolidación del IMSS-Bienestar, hacen necesario contar con mayor personal médico y de enfermería, por lo que, propuso que la excepción al límite del 3 por ciento quede establecida de manera
permanente en la legislación.
Ríos sostuvo que la medida permitiría a los gobiernos contratar al
personal que haga falta en centros de salud, hospitales, DIF y
corporaciones de seguridad, al tiempo que se mantendrían obligaciones de identificación y reporte diferenciado de estos recursos tanto en los presupuestos de egresos como en las cuentas públicas.
Durante la discusión, las diputadas locales de Morena y PT, Sara
Ramírez y Sandra Santos, respectivamente, manifestaron su respaldo a
revisar la aplicación del límite, al considerar que el reto de la
discusión consiste en encontrar un equilibrio entre el cuidado de las
finanzas públicas y la capacidad institucional para responder a las
necesidades de seguridad y atención médica de la población.
En contraste, el diputado local del PRI, Alejandro Castro propuso
incorporar indicadores y mecanismos de justificación verificables para
conocer, entre otros aspectos, cuántos policías, médicos o enfermeras
fueron contratados, dónde fueron asignados y qué decisión pública
justificó el incremento en la nómina.
Advirtió que una excepción planteada con un propósito legítimo no debe convertirse en una vía para aumentar de manera indiscriminada las nóminas gubernamentales, por lo que insistió en fortalecer los
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Es así como, la propuesta continuará su análisis en las comisiones
legislativas, donde uno de los principales puntos de discusión será
definir con precisión el alcance de la excepción, así como los
mecanismos para garantizar que los recursos adicionales destinados a
personal de salud y seguridad sean efectivamente utilizados para
fortalecer la prestación de estos servicios.
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