Las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas, pero la confrontación política en el Estado de México ya tiene un indicador concreto: 132 quejas y denuncias por presuntas irregularidades registradas ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El dato obliga a poner atención.
La contienda no comienza el día de las votaciones; empieza mucho antes, cuando los partidos buscan posiciones, construyen alianzas y miden sus fuerzas.
Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), integrantes de la coalición gobernante, concentran el mayor número de señalamientos. No se trata de dar por ciertas las acusaciones, sino de exigir que se investiguen con seriedad. Cuando los partidos que ejercen el poder aparecen bajo escrutinio, la obligación de garantizar condiciones equitativas cobra todavía más importancia.
La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, reportó que 49 expedientes continúan en investigación, 54 fueron remitidos al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y 29 han sido concluidos por esa instancia. Es decir, buena parte de los asuntos requiere todavía seguimiento y resolución. El reto no es solamente administrativo: está en juego la confianza en las reglas que ordenarán la competencia.
Julio encabezó los registros con 21 quejas; agosto sumó 14, y enero, mayo y junio contabilizaron 13 cada uno. Después hubo una caída: cuatro denuncias en septiembre y una en octubre. Pero sería ingenuo confundir menos registros con menos tensión. Conforme avance la carrera electoral, las decisiones partidistas y las disputas por candidaturas pueden elevar la presión sobre las instituciones.
El PAN encabeza la lista de partidos que han presentado recursos. Sus denuncias, como las de cualquier otra fuerza política, deben sostenerse con elementos verificables. Acusar sin pruebas desgasta el debate público; ignorar posibles infracciones también.
Por eso, el TEEM tendrá una tarea decisiva. Sus magistrados deberán resolver con independencia, fundamentar sus determinaciones y sancionar únicamente cuando las infracciones estén acreditadas. La presión será inevitable, especialmente en casos que involucren a partidos del bloque gobernante, pero no puede convertirse en excusa para retrasar decisiones o debilitar la imparcialidad.
La democracia no se defiende con propaganda ni con discursos de superioridad moral. Se defiende aplicando la misma ley a todos. Las 132 denuncias son una advertencia temprana: si las instituciones no responden con firmeza y transparencia, la disputa por los votos podría terminar acompañada de una disputa por la credibilidad. Y esa es una factura que la ciudadanía no tendría por qué pagar.
Martha González Aguilera
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