La carretera Toluca-México, a la altura de Plazas Outlet, en Lerma, se convirtió en escenario de la exigencia urgente de encontrar a quienes faltan y responder a sus familias. Alrededor de 30 mujeres de los colectivos Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, y Flores en el Corazón, han mantenido un bloqueo por más de 24 horas y pasaron ya dos noches a la intemperie. Reclaman avances y pruebas de que sus familiares no han sido condenados al olvido.
Su exigencia fue concreta: que José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acudiera personalmente. No ocurrió. Para las madres buscadoras, no basta con abrir mesas de trabajo: necesitan saber qué se investigó y qué posibilidades reales existen de encontrar a sus seres queridos. Recibirlas no es lo mismo que resolver sus casos. Tampoco Horacio Duarte las atendió.
La Fiscalía informó que instaló una mesa con fiscales especializados, coordinadores, 22 ministerios públicos, seis policías de investigación y representantes del gobierno estatal. Asimismo señaló que durante 2026 sostuvo cinco reuniones con la dirigencia del colectivo. Pero queda una pregunta: ¿qué resultados concretos produjeron? La cantidad de funcionarios no demuestra que las investigaciones avancen. Sin información sobre las y los desaparecidos y los casos en torno a ellas y ellos, las reuniones pueden convertirse en rutina burocrática extendida hasta la eternidad para quienes esperan justicia.
Las manifestantes denunciaron que varias compañeras resultaron lesionadas durante enfrentamientos con transportistas y automovilistas que intentaban cruzar la zona. También cuestionaron la presencia de antimotines. El bloqueo afectó la movilidad, pero reducir el conflicto a las molestias viales sería ignorar su origen: las familias que no encuentran respuestas y recurren a la protesta para hacerse escuchar.
Aquí no se trata de trabajadores gubernamentales exigiendo aumento de salario, ni de vendedores ambulantes presionando por impunidad, sino de la ciudadanía de a pie, mujeres y hombres que llevan años, algunos décadas, buscando a un ser querido.
El mensaje al fiscal fue claro: “Que por favor no sea omiso, que sea un poco más empático, que no somos un número”. La frase resume una deuda que va más allá de un expediente. Detrás de cada expediente hay una persona ausente y una familia que enfrenta incertidumbre; la búsqueda también exige tiempo y recursos.
La Fiscalía debe investigar, informar y rendir cuentas. Debe explicar los avances, los obstáculos y las acciones que emprenderá con plazos claros y seguimiento público. La presencia de Cervantes Martínez podría abrir un diálogo, pero el encuentro tampoco resolverá por sí solo el problema, pero sí mostraría empatía.
La respuesta no está en despejar una carretera ni en contabilizar reuniones, sino en localizar a los desaparecidos y esclarecer su destino. Mientras las madres tengan que bloquear una vía para exigir que las escuchen, queda la pregunta: ¿cuánto tiempo más deberán buscar solas a quienes el Estado también tiene la obligación de encontrar con avances documentados.
Martha González Aguilera
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