En el Estado de México, los baches dejaron de ser una molestia cotidiana para convertirse en un problema de movilidad, seguridad y economía familiar.
Durante las comparecencias legislativas volvió a señalarse el deterioro de las vialidades, una realidad que afecta calles municipales, avenidas estatales y carreteras federales. Basta salir a trabajar, llevar a alguien al médico o trasladar mercancías para comprobarlo.
La preocupación ha escalado hasta la agenda nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum comprometió atender el deterioro carretero antes de concluir su sexenio, mientras en territorio mexiquense la rehabilitación vial gana espacio en el debate público.
Y es que los hoyos dañan neumáticos y suspensiones, alargan los traslados y pueden provocar accidentes, especialmente cuando la lluvia oculta las irregularidades del pavimento.
Este deterioro no apareció de la noche a la mañana. El mantenimiento insuficiente, las reparaciones provisionales, el tránsito pesado y las lluvias agravan el desgaste.
Pero ninguna de estas circunstancias exime a las autoridades de prevenir daños y conservar la infraestructura bajo su responsabilidad.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el bacheo también se perfila como bandera política. El gobierno puede presumir cuadrillas y programas, mientras la oposición exhibe calles destrozadas y arreglos que no duran y no son significativos, más que en el deterioro del erario público..
Sin embargo, ni las fotografías de una reparación ni las denuncias partidistas resuelven el problema. La ciudadanía necesita obras duraderas, no acciones apresuradas para mejorar la imagen de los gobernantes.
Por eso, las promesas deben traducirse en compromisos verificables. ¿Cuántos kilómetros se rehabilitarán, en qué municipios, con qué presupuesto y bajo qué calendario? También es indispensable conocer quién ejecutará cada obra, qué controles de calidad se aplicarán y qué garantías tendrán las reparaciones.
Las responsabilidades deben quedar claras. Los ayuntamientos deben atender las calles municipales y transparentar sus programas de mantenimiento. El gobierno estatal, mediante las dependencias competentes, debe responder por las carreteras estatales y coordinar las intervenciones regionales.
En los tramos federales, corresponde a la Federación actuar dentro de sus atribuciones. Cuando una vialidad conecta distintas jurisdicciones, las autoridades deben acordar acciones para evitar que un tramo rehabilitado termine en otro abandonado.
Además, las dependencias responsables deben publicar mapas de los puntos críticos, costos de intervención, avances físicos y mecanismos para reportar daños. La supervisión técnica y las sanciones por incumplimientos contractuales son necesarias para impedir que el pavimento vuelva a deteriorarse poco después de su reparación.
Tapar hoyos tampoco sustituye una política de conservación. Se requiere revisar drenajes, atender escurrimientos y utilizar materiales adecuados. El mantenimiento preventivo puede evitar reconstrucciones más costosas y reducir las afectaciones a automovilistas, transportistas y usuarios del transporte público.
La verdad es que los mexiquenses no necesitan otra competencia de promesas, sino autoridades que asuman sus responsabilidades y rindan cuentas. Las vialidades deterioradas cuestan dinero, tiempo y, en ocasiones, ponen vidas en riesgo.
La verdadera prueba no será cuántos baches anuncien que van a tapar, sino cuántas calles recuperarán condiciones seguras y cuánto durarán las obras. Porque cada reparación fallida representa recursos públicos desperdiciados y una nueva factura para la ciudadanía.
Martha González Aguilera
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