El debate sobre los mototaxis en el Estado de México plantea un problema de fondo: ¿regular significa ordenar o darle reconocimiento oficial a un problema que se ha tolerado? La Secretaría de Movilidad analiza asignarles zonas específicas, colocar identificaciones visibles y exigir unidades más seguras.
La verdad es que el transporte público de la entidad ya arrastra carencias. Hay rutas saturadas, unidades deterioradas, paraderos improvisados y una regulación que con frecuencia llega tarde. Añadir mototaxis al escenario exige mucho más que identificarlos y delimitarles una zona.
La Canapat considera inviable formalizar este servicio. Y aunque la opinión de los transportistas no puede convertirse en la última palabra, tampoco puede ignorarse. Hay una discusión sobre seguridad, competencia, responsabilidades y calidad que debe resolverse con criterios técnicos, ni con decisiones administrativas aisladas.
Aquí cobra relevancia la propuesta de la gobernadora Delfina Gómez para crear un Consejo de Transporte directivo, donde las decisiones sean colegiadas y participen transportistas, urbanistas y especialistas de la UAEMéx. Ese modelo puede evitar que la movilidad dependa de una sola oficina. ¿Qué vehículos son adecuados? ¿Dónde deben circular? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Quién responde ante un accidente? Son preguntas demasiado importantes para resolverse sin debate.
Además, cualquier regulación debe colocar al usuario en el centro. El transporte digno también exige certeza, controles y responsabilidad pública. Debe saberse cuántas personas transporta, con qué seguros y quién supervisará su operación. Sin esos candados, la formalización puede terminar siendo una manera de institucionalizar riesgos.
El Valle de México y el Valle de Toluca necesitan un sistema de movilidad seguro, eficiente y moderno. El Estado de México no puede confundir regulación con modernización. No puede convertir en política pública aquello que surgió de las deficiencias del propio sistema. Si existen zonas donde cumplen una función ante la ausencia de alternativas, corresponde al gobierno atender esa necesidad con transporte seguro y eficiente, no colocarle una etiqueta oficial al problema.
La discusión, entonces, no debería ser cómo hacer espacio a los mototaxis, sino qué sistema de movilidad quiere construir el Estado de México. Porque si la respuesta consiste en sumar otro servicio al desorden existente, no estaremos avanzando: estaremos administrando el rezago. Y una entidad de la dimensión del Estado de México no puede aspirar a menos que un transporte público digno, seguro y verdaderamente moderno. La modernidad no consiste en reconocer el rezago, sino en corregirlo y ofrecer opciones mejores, seguras y dignas a quienes dependen del transporte público a diario.
Martha González Aguilera
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