Que la pensión alimenticia deje de ser una promesa que se persigue durante años y se convierta en una obligación que realmente se cumpla debería ser una prioridad… Por eso, el avance en comisiones de la reforma al Código Civil del Estado de México merece atención, pero también exigencia. No basta con reconocer derechos en la ley: hay que hacerlos efectivos.
La propuesta busca fortalecer el aseguramiento de las pensiones para que el juez pueda ordenar garantías mediante hipoteca, renta, fianza, depósito, retención o descuento directo de ingresos, además de cualquier otra medida que considere suficiente. El cambio de fondo está en que la autoridad judicial pueda decretar de oficio las medidas necesarias, según las circunstancias de cada caso. Es decir, que la protección no dependa únicamente de que quien está criando tenga que iniciar otra batalla para conseguir lo que legalmente corresponde a sus hijos.
Y es que la verdad es que detrás de un expediente hay vidas concretas. Hay niñas y niños que necesitan comida, escuela, ropa, atención médica y estabilidad. Hay madres que cargan solas con gastos, horarios, cuidados y preocupaciones, mientras el padre incumplido cambia de domicilio, de empleo o, peor todavía, de familia, como si las obligaciones anteriores pudieran borrarse con la distancia.
La discusión no debería reducirse a si un deudor tiene o no dinero en determinado momento. La responsabilidad parental no desaparece porque alguien se quede sin empleo, trabaje por su cuenta o decida esconder ingresos. Precisamente por eso, el sistema necesita herramientas capaces de detectar, asegurar y hacer cumplir la obligación con rapidez, siempre bajo control judicial y atendiendo las particularidades de cada caso.
Además, el propio marco vigente ya reconoce el derecho preferente de los acreedores alimentarios sobre ingresos y bienes del deudor, así como distintas formas de garantía. Lo que ahora se plantea es cerrar espacios de evasión y darle mayor capacidad de reacción a la autoridad.
Ha sido una batalla larga conseguir que quienes engendran respondan. Demasiadas familias han tenido que convertir la manutención de sus hijos en una lucha jurídica, económica y emocional. Y eso no debería normalizarse.
Ahora corresponde al Congreso no quedarse en el gesto político. Si la reforma llega al pleno, deberá cuidarse su aplicación, evitar abusos y garantizar jueces con capacidad para actuar oportunamente. Porque una pensión alimenticia retrasada no es simplemente un pago pendiente: puede significar una comida menos, una consulta médica pospuesta o una oportunidad educativa perdida. La justicia familiar debe llegar antes de que la carencia se convierta en destino. La infancia no puede esperar a que los adultos decidan cumplir.
Martha González Aguilera
About the Author
