En estos tiempos raros, de contradicciones y política preelectoral, hay escenas que dicen más que muchos discursos. Éste 15 de septiembre, las alcaldesas de El Oro y Tenancingo, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza y Nancy Nápoles Pacheco, fueron abucheadas durante el Grito. Ambas llegaron al poder bajo Morena, aunque pertenecen a grupos distintos y enfrentados.
Díaz Peñaloza es identificada con el grupo cercano a Horacio Duarte; Nápoles Pacheco, con el entorno de Higinio Martínez. Dos rutas para llegar al poder y dos historias que hoy colocan bajo la lupa la rendición de cuentas.
En El Oro, la crisis no nació ayer. Hace casi un año, comerciantes de carne arrojaron vísceras y desechos en las calles ante la ausencia del servicio de limpia. El municipio también padeció problemas de agua, luz y otros servicios básicos desde el inicio de la administración, además de muchas otras irregularidades.
La crisis tampoco parece resuelta. Persisten carencias y faltan titulares en buena parte del gabinete municipal. Y es que cuando un ayuntamiento funciona a medias, la ciudadanía no puede vivir de explicaciones. El gobierno estatal terminó respaldando su permanencia, pese a los intentos del Cabildo por removerla.
En Tenancingo, el expediente es distinto y mucho más delicado. La Fiscalía mexiquense sostiene que Nancy Nápoles participó en la simulación de su propio secuestro para justificar un faltante de 40 millones de pesos del erario municipal. La alcaldesa rechaza la acusación y afirma que fue víctima. En julio fue vinculada a proceso por secuestro simulado; el juez permitió la suspensión condicional del proceso durante seis meses y continúa en el cargo.
Aquí está el punto: una cosa es la responsabilidad política y otra la penal. La primera exige resultados; la segunda, pruebas, debido proceso y resolución judicial. No corresponde anticipar una condena, pero tampoco minimizar un expediente de esta gravedad.
Entonces, ¿a cuál de las dos habría que ver primero fuera del gobierno o tras las rejas? La pregunta reduce un asunto serio a una competencia. Debe exigirse que ninguna alianza partidista funcione como escudo ni una investigación como arma de facción.
Los abucheos del 15 de septiembre no son una sentencia, pero tampoco son simple ruido de la plaza. Son el síntoma de un hartazgo. Y aquí está la prueba para Morena y el gobierno estatal: demostrar que la lealtad política no está por encima de la responsabilidad pública.
El Oro y Tenancingo no necesitan blindajes políticos. Necesitan autoridades que respondan e instituciones que investiguen sin consigna. El poder puede proteger durante un tiempo, pero no puede borrar indefinidamente lo que ocurre en las calles. Las historias aún no terminan. Falta saber si se impondrán la justicia y la rendición de cuentas o, una vez más, la conveniencia política.
Al final, lo que ocurre en los altos niveles del gobierno, también refleja en la plaza pública, con abucheos o con plazas vacías.
Martha González Aguilera
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