A días del inicio formal del Proceso Electoral Local 2026-2027, el IEEM acumula 106 expedientes, por posibles actos anticipados de campaña y promoción. De ellos, 37 fueron remitidos al Tribunal Electoral del Estado de México, 25 concluyeron y 44 siguen en investigación. El proceso ya comenzó y el árbitro electoral permanentemente hace ese trabajo.
Sin embargo, Amalia Pulido Gómez ha sido precisa: el IEEM no determina si una conducta constituye un acto anticipado de campaña. Recibe quejas, integra expedientes e investiga. El tribunal determina la infracción.
Y aquí aparece el verdadero problema. En el Estado de México, el tribunal electoral parece pintado en la pared, mientras alcaldes, funcionarios y aspirantes ensayan sus campañas. Hay promoción adelantada antes del primer informe de algunos gobiernos municipales. Hay despensas, utilitarios, materiales de construcción y dádivas que pueden volverse moneda electoral. Y eso sin contar los programas sociales, una práctica para asegurar lealtades que le es común a todos los partidos.
Entregar un apoyo no equivale a una infracción; hacen falta reglas claras para distinguir política social de clientelismo. Un programa público debe garantizar derechos, no dependencia. Cuando sustituye desarrollo por dádivas, el ciudadano termina convertido en reserva de votos.
Lo contradictorio es que, tras cada elección, los partidos perdedores descubren los huecos legales y reclaman al árbitro. Pero ese marco no cayó del cielo: los partidos hacen las reglas. Después, cuando fallan, culpan al organismo electoral.
En las reformas electorales tampoco se observa suficiente voluntad para cerrar los espacios que permiten la promoción anticipada ni para sancionar las dádivas con fines electorales. Las multas pierden fuerza cuando terminan pagándose con recursos públicos que reciben los partidos. Así, la sanción se vuelve costo, no freno.
Además, la justicia electoral necesita oportunidad. Sancionar meses después sirve de poco si la ventaja ya fue obtenida y el beneficio llegó al elector. La elección se juega antes de las urnas.
Es el círculo vicioso: los partidos generan vacíos, los candidatos los explotan, el IEEM investiga, el tribunal resuelve y todos buscan culpables. Queda una pregunta: ¿quién vigila al tribunal y quién controla que sus decisiones sean oportunas, firmes e independientes?
Una democracia no se defiende el día de la elección. Se defiende mucho antes, impidiendo que la dádiva compre simpatías, la promoción disfrazada se convierta en campaña y la ley termine como decoración. Si el proceso 2026-2027 comienza con 106 expedientes, la señal es clara: no faltan instituciones; sobran resquicios para jugar con ventaja. Mientras los partidos no cumplan las reglas que ellos mismos diseñan, el ciudadano seguirá pagando la cuenta de una democracia con cancha desnivelada y ventaja.
Es la historia sin fin del juego electoral lleno de vacíos legales que los partidos generan y luego se sirven de ellos, para al final culpar al órgano electoral. Y al tribunal, ¿quién lo cuestiona y quien lo controla?
Martha González Aguilera
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