La pólvora volvió a cobrar una factura brutal en el Estado de México. La explosión ocurrida en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, durante las fiestas patronales, deja hasta ahora 10 personas muertas y más de 80 heridas. Detrás del estruendo quedan familias destrozadas, daños materiales y una comunidad de luto. No es un accidente más. Es una advertencia que las autoridades llevan años escuchando.
Los números son demasiado contundentes para seguir hablando de hechos aislados. El registro estatal reportó 165 accidentes pirotécnicos entre 2017 y 2024: 40 en 2017, 25 en 2018, 16 en 2019, 13 en 2020, 21 en 2021, 17 en 2022, 20 en 2023 y 13 en 2024. Y entre 2020 y 2025, Protección Civil estatal contabilizó 72 explosiones en talleres y polvorines, con 45 muertos y 90 lesionados; además, detectó 41 establecimientos clandestinos. No es tradición inocente: es riesgo recurrente.
Hay antecedentes que deberían avergonzar a cualquier autoridad responsable de prevenir. En diciembre de 2016, la explosión del mercado San Pablito, en Tultepec, destruyó 300 puestos y dejó 46 muertos y 80 lesionados. En julio de 2018, otra cadena de explosiones en La Saucera mató a 24 personas y dejó 49 heridas. En junio de 2025, nuevamente en Tultepec, una explosión alcanzó 15 talleres, dejó un muerto y nueve lesionados. La pólvora no está dando sorpresas: está repitiendo aquí el mismo patrón.
Y aquí aparece la pregunta: ¿quién autorizó, quién verificó y quién vigiló? La SEDENA es la autoridad federal que otorga permisos para elaborar, almacenar, transportar, vender y quemar artificios pirotécnicos; los trámites requieren documentación municipal y dictámenes de Protección Civil, mientras los ayuntamientos regulan la actividad mediante sus bandos. La responsabilidad está repartida, pero existe.
La verdad: autorizar no basta. Firmar un permiso y aparecer después de la explosión no es prevención. Cada quema debe tener condiciones verificables: almacenamiento seguro, distancias, rutas de evacuación, personal capacitado y supervisión antes y durante el evento. Si no existen, la celebración debe suspenderse, aunque haya presión política.
También hace falta dejar de confundir tradición con licencia para poner vidas en juego. Nadie propone borrar las fiestas; se exige que la tradición no termine en funeral.
Las autoridades tienen que entenderlo. Su función no es agradar, quedar bien o evitar el costo político de decir “no”. Su obligación es vigilar, controlar y, cuando sea necesario, impedir. Si hay que cancelar una quema, se cancela. Si hay que sancionar, se sanciona. Y si un funcionario permitió una actividad insegura, también debe responder. Después de 10 muertos y 80 heridos, seguir llamando “accidente” a lo que pudo prevenirse sería una forma cómoda de evadir responsabilidades.
Martha González Aguilera
About the Author
