Morena acaba de poner sobre la mesa una decisión que, aunque presentada como un mecanismo de orden interno, tiene un evidente trasfondo electoral: ya no bastará con que un personaje proveniente de otro partido quiera incorporarse al movimiento para ser recibido. De cara a 2027, las dirigencias estatales tendrán que notificar al Comité Ejecutivo Nacional cualquier solicitud de afiliación de perfiles externos y, desde la próxima semana, una Comisión de Incorporaciones revisará cada caso de manera individual.
La medida parece lógica. También llega tarde. Durante años, Morena ha abierto sus puertas a políticos de prácticamente todas las fuerzas, con la intención de ampliar su presencia y sumar votos.
El problema aparece cuando la operación electoral desplaza a quienes construyeron el partido desde abajo. Ahí la afiliación deja de ser un simple trámite y se convierte en una disputa por candidaturas, cargos y espacios de decisión.
La dirigencia nacional sostiene que varios presidentes estatales plantearon la necesidad de contar con un mecanismo para valorar la trayectoria de quienes pretenden incorporarse, especialmente cuando provienen de otras fuerzas políticas.
La pregunta inevitable es por qué esa evaluación no fue indispensable desde el principio. Ahora, con 2027 a la vista, corregir la puerta de entrada tiene tanto de disciplina política como de cálculo electoral.
En el Estado de México el asunto adquiere otra dimensión. La entidad será una de las principales plazas electorales del país, con la renovación de ayuntamientos, diputaciones locales y federales. Y es que el territorio mexiquense conoce bien las mudanzas partidistas: cuando se acerca una elección, abundan los cambios de camiseta, las adhesiones oportunistas y los antiguos adversarios convertidos, de pronto, en fervientes morenistas.
Por eso las críticas contra la dirigencia estatal cobran especial fuerza. La incorporación de posiciones tradicionalmente identificadas con el priismo y la entrega de cargos dentro del partido a algunos de esos perfiles, ha provocado molestia entre una corriente dura de Morena, que desde el inicio cuestionó esa estrategia.
Ahora sus argumentos tienen un respaldo político mucho más sólido: el partido nacional decidió que los perfiles externos deberán ser revisados antes de incorporarse.
Y aquí aparece otro movimiento que difícilmente puede ignorarse. Todo apunta a que LuzMa Hernández se encamina hacia una candidatura. No es secreto: ella misma ha expresado su interés por participar en las elecciones.
Su eventual salida de la dirigencia estatal abre entonces una pregunta incómoda: ¿qué lugar tendrán quienes llegaron recientemente desde otras fuerzas políticas y ocuparon espacios bajo su conducción?
Muchos aterrizaron en Morena con entusiasmo y expectativas políticas. Ahora podrían descubrir que ser recibido no significa tener garantizado un futuro electoral. Si la nueva comisión revisará trayectorias, lealtades y perfiles, tendrá que hacerlo también con quienes ya están dentro y no únicamente con los que pretenden llegar.
Ese es el verdadero desafío. Morena puede ordenar sus filas o simplemente administrar una nueva disputa interna. En el Estado de México, donde cada candidatura tendrá un alto valor político, el filtro puede convertirse en una herramienta para contener el oportunismo, pero también en un detonador de conflictos entre quienes llegaron primero y quienes llegaron después.
La prueba será saber si la regla se aplica parejo. Si sirve para cerrar la puerta a unos mientras otros conservan privilegios, será apenas una simulación.
Pero si realmente obliga a revisar trayectorias y pone límites a las adhesiones por conveniencia, Morena estará corrigiendo una de sus mayores contradicciones: querer ganar elecciones sin permitir que el pragmatismo termine devorando su identidad.
En 2027, esa diferencia podría definir quién obtiene la candidatura, quién queda fuera y, sobre todo, cuánto cuesta políticamente haber abierto las puertas sin preguntar demasiado quién estaba entrando.
Martha González Aguilera
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