La Suprema Corte acaba de colocar a Ecatepec ante una paradoja difícil de ignorar: resolver judicialmente una carencia que el gobierno municipal sostiene que ya está corrigiendo. El fallo resulta injusto no porque el derecho al agua pueda discutirse, sino porque parece juzgar una realidad que cambió después de que se promovieron los amparos.
El reclamo nació entre 2020 y 2022, durante la administración anterior, de Fernando Vilchis, cuando se optó por atender la emergencia mediante pipas en lugar de recuperar la infraestructura. Servicio que se cobraba -caro- a los ciudadanos y el propio ex alcalde se beneficiaba de ese comercio del agua.
El resultado fue pozos sin mantenimiento, e incluso clausurados sin sentido, inversión insuficiente y una red abandonada. Permanecen además dos facturas por 40 millones de pesos por el arrendamiento de pipas. El agua terminó convertida en solución provisional y negocio alrededor del desabasto.
Pero hoy el escenario es otro. Desde enero de 2025, el municipio reporta una inversión superior a mil 700 millones de pesos, más de 70 pozos rehabilitados y una transformación: del 70 por ciento de irregularidad y falta de agua por red se habría pasado a 70 por ciento de cobertura. 07 de cada diez hogares ya reciben agua por la red.
Ahí está el punto central. La Corte debe proteger el derecho humano al agua, pero una sentencia pierde fuerza cuando ordena hacer lo que ya se está haciendo. La alcaldesa afirma que el municipio entregó información sobre las obras realizadas y que ésta no fue considerada. Si es así, el problema no es menor: un tribunal constitucional no puede resolver sobre una fotografía vieja cuando tiene frente a sí realidad distinta.
Además, el fallo tendría implicaciones que rebasan a Ecatepec. La alcaldesa advierte que las resoluciones contemplan alrededor de 20 disposiciones y una obligación de garantizar 100 litros por segundo, frente a los 50 establecidos en un antecedente de Chihuahua. Cambiar las redes de agua y drenaje de las 22 mil calles de Ecatepec sería monumental; sólo una región requeriría, según el gobierno municipal, unos 7 mil millones de pesos.
La Corte debe cuidar la autonomía municipal. No puede convertir amparos promovidos por ciudadanos en una orden que ignore la responsabilidad de garantizar el servicio para 1.64 millones de habitantes. El derecho al agua es universal; su solución también debe serlo.
Eso no exime al gobierno de rendir cuentas. Los 1,700 millones deben traducirse en agua constante, de calidad y medible. Y los problemas de drenaje, que afectan a cerca del 60 por ciento de las 22 mil calles, tampoco desaparecerán con discursos.
La verdadera injusticia sería doble: condenar a Ecatepec por lo que no hizo una administración anterior y permitir que la actual utilice esa herencia para no responder por lo que falta. La Corte debe corregir el abandono sin desconocer los avances. Impartir justicia también significa mirar los hechos completos, no castigar a un municipio con el expediente del pasado.
Martha González Aguilera
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