La primera parte de la crisis entre Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, terminó con una salida que evita el choque frontal. Rocha Moya pidió licencia por tiempo indeterminado. Pero sería un error confundir ese desenlace con el cierre del problema. Apenas cambió de escenario.
La clave estuvo en el límite que la propia presidenta había marcado. Sheinbaum sostuvo que no podía entregar a un funcionario mexicano a las autoridades de Estados Unidos sin pruebas concretas sobre los señalamientos formulados por el gobierno de Donald Trump. El gobernador cruzó una línea política delicada: no consultó su regreso con la presidenta y ni siquiera le avisó.
Ahí apareció su costo político. Morena quedó atrapado entre dos necesidades: defender el principio de que nadie puede ser entregado sin sustento legal y, al mismo tiempo, impedir que un gobernador señalado por Washington utilizara esa defensa como blindaje político. El mensaje oficial fue débil y ambiguo, pero tuvo el efecto buscado. Rocha Moya se hizo a un lado, sin despejar las dudas de fondo.
Hasta ahí, la crisis puede darse por contenida, al menos políticamente. Lo complicado empieza ahora.
¿Qué hará la presidenta con Rocha Moya? Porque una cosa quedó clara: no parece dispuesta a permitir que vuelva al gobierno estatal. Tampoco ha dicho que deba entregarlo. Esa contradicción será el centro de la segunda etapa.
Y aquí está el dilema que Morena no puede esconder. Si existen pruebas, deberán presentarse y actuar conforme a derecho. Si no existen, la presión de Washington no puede convertirse en sustituto de una investigación mexicana. Si el gobierno federal sostiene que necesita pruebas para proceder y considera inviable su regreso, tendrá que explicar qué conducta cuestiona y bajo qué fundamento.
Además, queda una variable: el propio gobernador. Difícilmente se puede esperar que se entregue voluntariamente a una autoridad extranjera. De modo que la disyuntiva es inevitable: ¿la presidenta terminará entregándolo, si existen elementos legales para hacerlo, o Rocha Moya buscará desaparecer del radar antes de que esa decisión llegue?
Ese es el problema. La licencia no resuelve los señalamientos; únicamente aplaza la decisión. Y mientras Morena gana tiempo, también acumula una responsabilidad: demostrar que la defensa de un gobernador no está por encima de la ley, pero que la presión de otro gobierno tampoco puede sustituirla. La siguiente jugada definirá más que el futuro de Rocha Moya: pondrá a prueba hasta dónde llega el poder presidencial cuando la presión externa toca directamente a uno de los suyos.
No basta ya con administrar la crisis ni ganar tiempo. El gobierno debe decidir y explicarlo. En esa decisión estará en juego la credibilidad de Morena y la propia presidenta Sheinbaum.
Martha González Aguilera
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