La política mexicana exhibe una de sus peores costumbres: correr cuando la ley apenas pone el cronómetro. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer ayer las fechas clave del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
Entre octubre y noviembre de este año podrán presentarse las manifestaciones de intención para candidaturas independientes y el 4 de enero de 2027 deberán comenzar las precampañas. Hay reglas y plazos, que apenas fueron definidas. No es una pista abierta para arrancar cuando convenga.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿qué fueron entonces todos esos actos de promoción personal que durante meses, e incluso años, han inundado espectaculares, bardas, redes sociales, entrevistas, giras y eventos públicos?
Se les puede llamar “difusión de imagen”, “posicionamiento”, “informes” o cualquier otro eufemismo. La verdad es que, cuando alguien busca instalar su nombre, rostro y aspiraciones electorales antes de los tiempos permitidos, el debate no debería quedarse en la semántica.
El problema de fondo está en quién escribe esas reglas. Las leyes electorales las aprueban legisladores que, en la práctica, llegaron al Congreso mediante partidos políticos o bajo sus estructuras.
Y cada vez que se anuncia una reforma electoral, la discusión suele concentrarse en el financiamiento público, las prerrogativas, los spots o la distribución de recursos.
Poco se habla de cerrar las puertas al adelantamiento sistemático de aspiraciones y de establecer consecuencias rápidas y severas para quienes convierten la ventaja económica, institucional o mediática en campaña permanente.
La sanción tardía pierde eficacia. Si alguien puede promoverse durante meses y enfrentar una resolución cuando el daño ya está hecho, la regla termina siendo una invitación a arriesgarse. ¿Qué importa pagar una multa si antes se obtuvo una ventaja electoral?
Además, existe un conflicto de interés evidente. Quienes deberían corregir los huecos de la legislación son, muchas veces, los mismos actores que aspiran a otra candidatura, otro cargo o a conservar el poder, desde cualquier partido político, o todos. La prioridad tendría que ser garantizar una competencia pareja, no premiar al que llega primero con dinero, exposición o padrinos.
Por eso el calendario anunciado por el INE no es un simple documento administrativo. Es un espejo. Si las precampañas comienzan el 4 de enero de 2027, habrá que preguntar cuántos aspirantes ya llevan meses o años jugando a ser candidatos. Y, sobre todo, exigir que las autoridades no sólo cuenten los días: también hagan valer las reglas.
Es una reflexión importante para el Tribunal Electoral, quien finalmente define sanciones, claro, con base en la ley que diseñan y aprueban los partidos políticos.
Porque una democracia en la que los tiempos electorales se respetan sólo cuando conviene a los poderosos no es una democracia competitiva. Es una carrera con salida adelantada para unos cuantos. Y cuando la ley llega tarde, la ventaja ya ganó. Eso no es ya justicia electoral.
Martha González Aguilera
About the Author
