La extorsión dejó de ser un delito silencioso para convertirse en un impuesto criminal que sofoca la economía cotidiana. En las colonias cercanas a La Crespa, los operadores de Autotransportes Urbanos de Toluca (AUT) denuncian que viven bajo amenaza permanente. Lo más alarmante no es sólo el cobro ilegal, sino la sensación de abandono. Aseguran que los delincuentes están plenamente identificados y, aun así, continúan con absoluta impunidad. La verdad es que ese diagnóstico resulta devastador para cualquier autoridad.
Los testimonios coinciden. La situación no es nueva. Los responsables ingresan al penal, recuperan la libertad y vuelven a delinquir. El mensaje que recibe la sociedad es demoledor: el castigo no inhibe, apenas representa una pausa. Mientras tanto, los extorsionadores amagan a los operadores al afirmar que pertenecen a la Familia Michoacana. Sea cierta o falsa esa pertenencia, el miedo produce el mismo efecto. Nadie quiere convertirse en la siguiente víctima.
Además, quienes se adjudican formar parte de ese grupo criminal no sólo presionan al transporte público. También intimidan a comerciantes, abarroteros y pequeños empresarios mediante el cobro de derecho de piso. La economía local termina secuestrada por la amenaza constante. Y es que ningún negocio prospera cuando primero debe pagar por sobrevivir.
Los transportistas afirman que han buscado apoyo desde los medios de comunicación, las redes sociales, las administraciones municipales e incluso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sin embargo, muchos operadores rechazan presentar denuncias formales porque reciben amenazas de golpes, daños a sus unidades o represalias contra sus familias. Su vehículo representa su patrimonio y su única fuente de ingresos.
Los datos oficiales confirman la dimensión del problema. El INEGI ubicó a la extorsión entre los delitos más frecuentes del país durante 2024, con una tasa estimada de 5 mil 971 víctimas por cada 100 mil habitantes, además de mantener al Estado de México entre las entidades con mayor incidencia delictiva nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública continúa colocando a la extorsión entre los delitos que concentran un elevado número de víctimas en la entidad.
El discurso oficial presume reducciones en diversos delitos y avances operativos. Es positivo cuando las cifras mejoran. Pero la calle cuenta otra historia. Si un chofer teme denunciar porque sabe que el criminal regresará, entonces el Estado todavía no recupera el control del territorio. Combatir la extorsión exige mucho más que estadísticas: requiere investigaciones eficaces, sentencias firmes y protección real para las víctimas. De lo contrario, la impunidad seguirá viajando, todos los días, en la misma ruta que utilizan miles de mexiquenses.
Martha González Aguilera
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