El Gobierno de la Ciudad de México detalló que la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, prevé siete puntos estratégicos para garantizar el derecho al arraigo mediante la creación de la Defensoría Inquilinaria, la limitación de los requisitos de arrendamiento y la protección equitativa, tanto para inquilinos como para arrendadores.
Destacaron que la vivienda es la gran causa de los movimientos sociales urbanos de la época, y que en la capital casi el 30 por ciento de las familias rentan una vivienda, con precios que se han multiplicado por cinco en las alcaldías centrales durante los últimos 20 años.
En los últimos 15 años la cantidad de personas que rentan se ha incrementado un 54 por ciento, lo que ha provocado que las familias lleguen a destinar hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales para el pago de vivienda.
Los siete puntos estratégicos establecen que los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual.
La segunda medida será la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones que permitirá exigir sólo una garantía para rentar, eliminando la práctica de pedir avales múltiples y pólizas jurídicas excesivas, así como prohibir la discriminación de cualquier y tipo y fijar deberes claros para los inquilinos.
En tercera instancia, será la creación de la Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá defensa jurídica gratuita.
Como cuarta medida, la ley promoverá contratos estables con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos, facultando sanciones ante aumentos ilegales o daños al inmueble.
Como quinto punto, se ampliará la oferta de vivienda social y asequible, sumando a la iniciativa privada mediante apoyos a los propietarios que suscriban contratos multianuales.
En materia de desalojos, el sexto punto plantea la creación del Gabinete de Acompañamiento Social para intervenir, siempre respetando las resoluciones judiciales, y ofrecer alternativas habitacionales o apoyo para renta.
Asimismo, se regulará a los cargadores exigiendo personal capacitado que será contratado por el Poder Judicial.
Javier Ruiz
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