Se llevó a cabo el “Foro para la Modernización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)”, un espacio de diálogo que reunió a especialistas, académicos, organizaciones civiles, representantes del Gobierno de México y legisladores para construir una propuesta acorde con la realidad ambiental del siglo XXI.
El diputado federal por el Distrito 38 Jesús Martín Cuanalo Araujo, quien encabezó este foro Nacional mencionó que esta ley ha permitido establecer las bases de la política ambiental nacional, distribuir competencias entre federación, entidades federativas y los municipios y regular la evaluación del impacto ambiental.
Cuanalo subrayó que la LGEEPA fue promulgada en 1988, actualizada en 1996 y posteriormente reformada en diversas ocasiones; sin embargo, sostuvo que su estructura responde a un contexto completamente distinto al que hoy enfrenta el país.
Dijo, el objetivo del foro fue recopilar propuestas de especialistas, universidades, organizaciones ambientales, dependencias federales y representantes del sector académico para enriquecer una reforma integral que fortalezca la gobernanza ambiental, incorpore nuevas tecnologías y permita a México cumplir sus compromisos internacionales en materia climática.
Además, se expusieron datos que evidencian el deterioro ambiental registrado en las últimas décadas.
En los principales indicadores destacan la contaminación del 70 % de los cuerpos de agua del país y la antigüedad de la promulgación de 40 años de la legislación ambiental.
Así como, los últimos 25 años México ha perdido alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques y selvas.
Ante ello, los participantes coincidieron en que estos indicadores obligan a construir un marco jurídico moderno que incorpore herramientas como monitoreo satelital, inteligencia artificial, sistemas de información geográfica y mecanismos de restauración ecológica.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es fortalecer las sanciones para quienes ocasionen daños al medio ambiente.
Cuanalo Araujo sostuvo que el principio debe ser claro: quien dañe los recursos naturales debe reparar el daño y enfrentar las consecuencias legales, incluso penas de cárcel cuando la gravedad del delito así lo amerite.
Asimismo, propuso fortalecer el papel de los municipios mediante programas obligatorios de ordenamiento ecológico, mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y presupuestos específicos para la protección ambiental.
El diputado también planteó que la conservación del medio ambiente deje de entenderse como una obligación exclusiva de las autoridades y se convierta en una responsabilidad compartida entre gobierno, academia, iniciativa privada y ciudadanía.
Finalmente, expresó su confianza en que las conclusiones del foro contribuyan a consolidar una nueva LGEEPA que permita enfrentar los efectos del cambio climático, proteger los recursos naturales y garantizar un medio ambiente sano para las próximas generaciones.
Gabriela Ponce
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