Las comisiones del Congreso del Estado de México aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Ley de la Comisión de Impacto Estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y la Ley de Vivienda, con el objetivo de armonizarlas con el Programa de Vivienda Federal, mediante el cual se prevé construir 100 mil casas en la entidad.
Con ello, se integran las iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el diputado local de Morena, Octavio Martínez, y otra impulsada por integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que permitirán al Estado de México incorporarse a la iniciativa federal mediante la simplificación de trámites y servicios.
Durante la discusión, el diputado Octavio Martínez destacó que las reformas incorporan una visión social de la política habitacional, al mantener la participación de la inversión privada y, al mismo tiempo, abrir espacios para que colectivos y ciudadanía organizada impulsen proyectos de autoconstrucción.
Al fijar la postura de Morena, el legislador afirmó que la propuesta impulsada por la gobernadora busca corregir prácticas que durante años permitieron el desarrollo de conjuntos habitacionales sin la infraestructura indispensable para las familias.
“Nunca más un desarrollo habitacional que venda esperanza y que herede problemas al Estado de México; eso jamás volverá a repetirse”, expresó.
Martínez Vargas agregó que, de acuerdo con cifras oficiales, 18 por ciento de la población vive en una vivienda alquilada y destina alrededor de 40 por ciento de sus ingresos al pago de la renta, por lo que consideró indispensable fortalecer las obligaciones de los desarrolladores para garantizar la dotación de servicios públicos.
En la discusión del dictamen, el diputado local de Morena, Javier Cruz Jaramillo, explicó que las reformas armonizan los procedimientos para la autorización de licencias de uso de suelo y las evaluaciones de impacto estatal, con el objetivo de reducir la discrecionalidad administrativa y brindar mayor certeza jurídica a los proyectos de desarrollo urbano.
Por su parte, el diputado local del PRI, Mariano Camacho, propuso diferenciar entre la regularización de la propiedad de la tierra y la de los asentamientos humanos, al considerar que ambos procesos requieren mecanismos distintos. No obstante, manifestó su respaldo a los esquemas de autoconstrucción como una alternativa para reducir el déficit de vivienda.
Entre los principales cambios del dictamen se encuentra la creación de un Sistema Estatal de Vivienda y un Programa Estatal de Vivienda para coordinar la política habitacional, fortalecer la planeación territorial y establecer mecanismos de denuncia ciudadana ante posibles violaciones al derecho a la vivienda, propuesta impulsada por Octavio Martínez.
Además, se incorpora la figura del alquiler social, planteada por el PVEM, como una política pública orientada a ofrecer opciones de arrendamiento accesibles para sectores vulnerables, particularmente las juventudes.
Atenea Rojas
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