La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, luego de su expulsión de Argentina, Fernando Farías Laguna, ex servidor público, posiblemente relacionado con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, arribó a la Ciudad de México.
Una vez que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Fernando “N” fue presentado ante un médico legista con la finalidad de ser certificado médicamente para ser trasladado posteriormente al Estado de México.
Fue el viernes poco antes de las 6:30 de la mañana cuando Farías Lagunas arribó al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como “El Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requirió, y quien determinará su situación jurídica.
La FGR recordó que la Secretaría de Marina (SEMAR) dispuso de una aeronave para que servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trasladaran a nuestro país a él hoy recluido. Asimismo, la dependencia federal señaló que a Farías Laguna se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.
El excontralmirante de la Secretaría de Marina es señalado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible. El viernes llegó a territorio nacional tras ser expulsado de Argentina.
Cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó formalmente la extradición el pasado 21 de mayo, después de que Farías Laguna fuera detenido el 23 de abril en Buenos Aires.
La investigación de la FGR apunta a una presunta organización dedicada al llamado huachicol fiscal, mediante la introducción y comercialización ilegal de combustibles. Según las indagatorias, la red habría utilizado buques tanque que arribaban a distintos puertos y los hidrocarburos eran presuntamente declarados como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.
La FGR mencionó que en la estructura criminal habrían participado servidores públicos, así como accionistas, apoderados, socios y enlaces encargados de la distribución del combustible, por lo que las investigaciones para dar con más responsables continúan.
Karina Villanueva
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