Familiares de Jorge Brizuela Márquez denunciaron presuntas irregularidades en los procesos penales que enfrenta, señalaron que desde marzo de 2025 se han iniciado cinco carpetas de investigación en su contra por el delito de homicidio y que, cada vez que obtiene su libertad, se le notifica una nueva orden de aprehensión que impide su salida del centro penitenciario.
De acuerdo con el testimonio de la familia, Jorge Brizuela fue detenido el 22 de marzo de 2025, aproximadamente al mediodía, mediante el uso de armas de cargo.
Ante la falta de información, acudieron a los lugares donde él trabajaba y donde presuntamente ocurrieron los hechos mencionados; además de buscarlo en la Fiscalía del Distrito Judicial de Texcoco.
Según su versión, fue hasta cerca de la medianoche cuando les informaron que se encontraba en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Molino de Flores, en Texcoco ya que Brizuela no tuvo oportunidad de comunicarse con su familia durante ese periodo.
Según el testimonio de la familia, el administrador del negocio donde Jorge trabajaba habría sufrido un atentado y fue señalado por ello. Sin embargo, el 16 de octubre de 2025 pudo obtener su libertad acreditando que se encontraba en otro lugar cuando ocurrieron los hechos que se le imputan.
No obstante ese mismo día se inició otra carpeta de investigación por homicidio por lo que Jorge Brizuela fue detenido nuevamente el 18 de octubre de 2025.
Según su relato, durante la audiencia correspondiente, la persona que denunció los hechos manifestó que Brizuela no había sido el responsable y que no lo conocía, por lo que el presunto responsable, obtuvo nuevamente su libertad.
Los familiares refieren que, posteriormente se inició otra investigación por homicidio, proceso que concluyó con una nueva liberación el 3 de octubre de 2026, luego de que se acreditara que Brizuela tampoco se encontraba en el lugar de los hechos.
A pesar de ello, sus familiares aseguran que se abrió otra carpeta antes de que concluyera ese procedimiento y se pretendía trasladarlo a un centro penitenciario de Nezahualcóyotl, conocido como el penal de Neza-Bordo.
Seguido, familiares de Brizuela Márquez, afirman que el 3 de octubre de 2026, cuando el señalado obtuvo nuevamente su libertad, fue detenido otra vez en el penal de Texcoco por una quinta carpeta de investigación, también por homicidio. En esta última causa, según el testimonio, se le atribuyen presuntos actos de extorsión y homicidios contra personas que no pagaban las cantidades exigidas.
Mencionaron que las cinco investigaciones, presentan similitudes en la descripción de los hechos y en la forma en que se atribuye la presunta participación de Brizuela, con variaciones en la posición de los sujetos responsables y vehículos como motocicletas o camionetas.
En rueda de prensa, el abogado que lleva el caso, Lic. Sergio Alcázar Rodríguez, mencionó que las carpetas señaladas son las siguientes:
123/2025 – Sentencia absolutoria (caso Alejandro Báez).
289/2025 – Auto de no vinculación.
65/2026 – Sentencia absolutoria.
786/2026 – Actualmente vinculado a proceso.
459/2026 y 269/2025 – En trámite para orden de aprehensión.
2439/2025 (Nezahualcóyotl) – Suspendida por amparo.
Ante lo sucedido y en caso de no obtener respuesta favorable, familiares y personas que se solidarizan con este caso y otros más que se encuentran injustamente privados de su libertad, anunciaron realizar cierre de vialidades como la Autopista México – Pachuca, en el tramo comprendido del municipio de Ecatepec, para alzar la voz ante la injusticia de la que es víctima Jorge Brizuela.
Además de cuestionar la apertura sucesiva de investigaciones, la familia denunció una presunta práctica de integración y reutilización de carpetas de investigación para mantener a personas privadas de la libertad, incluso después de obtener resoluciones favorables, ya que en el entorno, hay más casos similares.
Frente a medios de comunicación, la familia de Jorge Brizuela Márquez y su abogado, atribuyen a funcionarios públicos una probable participación en las irregularidades denunciadas y su probable vinculación a un tinte político, afirmando que han recibido amenazas que atribuyen a personal de la Fiscalía, con la intención de que dejen de apoyar a la defensa legal.
Ante los hechos narrados, la familia del implicado sostiene que su principal preocupación es que, cada vez que Jorge obtiene una resolución favorable, aparece una nueva investigación que deriva en su detención, por lo que piden que se revisen los procedimientos y se esclarezcan las presuntas irregularidades que denuncian.
Gabriela Ponce
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