La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieron a Luis “N”, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel y Aimee de Guadalupe “N”, así como Agustín Arturo “N”, su escolta, por su probable intervención en el delito de extorsión.
La Fiscalía EdoMéx informó que los señalados están relacionados con investigaciones diversas por suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Gobierno del Estado de México, entre otros, con el propósito de obtener beneficios económicos o laborales.
Luis “N” se desempeñó como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán del 2012 al 2013, y desempeñó cargos dentro de la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, lo que le permitió conocer de primera mano estructuras político-administrativas, tanto de Michoacán de otras entidades y del gobierno federal.
El imputado cuenta con antecedentes penales por peculado, además de que fue inhabilitado en el estado de Michoacán, circunstancia que no le impidió presuntamente materializar ilícitos en un elaborado entramado de fraude y extorsión en complicidad con su esposa e hijos, entre otros, para lo cual estableció su centro de operación en una residencia ubicada al interior del fraccionamiento “La Providencia” en el municipio de Metepec.
Modus operandi
El Modus operandi se basaba en generar certeza y credibilidad ante sus víctimas –políticos, funcionarios públicos o empresarios–, al contactarlas a través de mensajes de texto o llamadas a sus números telefónicos personales, los cuales previamente habían obtenido a través de la intrincada red de relaciones personales.
La Fiscalía precisó que para acceder a la información y “generar confianza”, los ahora detenidos recurrentemente se hacían pasar por secretarios particulares de algún funcionario o actor político-económico de alto nivel, con el propósito de actualizar agendas o gestionar una comunicación. En un segundo momento, las víctimas eran contactadas por el supuesto funcionario de alto nivel, quien les refería “tener instrucciones superiores para pedirles su apoyo”, el cual consistía en numerario para “la operación política o agilizar pagos”, “la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas” o incluso “recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral”.
Durante la conversación utilizaban expresiones y lenguaje previamente estudiado que les facilitaba generar credibilidad, para ello, el número telefónico utilizado para contactar a las víctimas y su círculo cercano, contaba con imagen de perfil, ícono o registro de llamada, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas. Para robustecer el engaño utilizaban inteligencia artificial para imitar voces.
“Las exigencias económicas le debían ser entregadas en efectivo y cuando requería que el recurso se “bancarizara” utilizaba una moral dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija Aimee “N”. Parte de esos recursos ilícitos fueron utilizados para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama”.
Todos fueron ingresados al penal de Santiaguito, en Almoloya, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien el pasado 6 de octubre los vinculó a proceso por el delito de extorsión, con medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Karina Villanueva
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