Dentro del marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que investigaciones permitieron identificar prácticas extorsivas de un entramado criminal que opera en agravio de propietarios de Centros de Verificación Vehicular de la entidad, así como en perjuicio de los ciudadanos que acuden a estos sitios a verificar sus unidades.
Denuncias ciudadanas y actos de investigación establecieron en el modus operandi la probable intervención de servidores públicos en activo de la Secretaría de Medio Ambiente mexiquense, sobre todo aquellos con facultades para la expedición y autorización de licencias, permisos y revalidación de funcionamiento de verificentros, también se cuenta con indicios de la intervención de ex servidores públicos y particulares.
La Fiscalía precisó que el entramado extorsivo operaba al menos desde diciembre del 2023 e incluía la imposición de cuotas a los concesionarios de los verificentros por el número de verificaciones realizadas, a ello sumaron cuotas por cada “línea” de verificación y por otras actividades. Las indagatorias advierten que, para lograr cubrir las exigencias extorsivas, los concesionarios trasladaron parte de ellas a los usuarios de los verificentros de manera tal que proliferaron la práctica de “pagos por brincos (evitar la multa) cuando los vehículos no pasan las pruebas o verificaban de manera extemporánea”.
En diciembre de 2023, el hoy vinculado a proceso Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, convocó a dueños, encargados, apoderados legales y administradores de diversos verificentros, a una reunión en un restaurante ubicado en la CDMX, donde les habría manifestado “a partir de hoy hay una nueva forma de trabajar y cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales para seguir operando, aún y cuando cuenten con sus documentos en regla”.
Posteriormente, en febrero del 2024, Raúl “N” y diversos sujetos habrían contactado a las víctimas para exigirles un nuevo pago extorsivo al que llamaron “retroactivo”, consistente en la exigencia de 162 mil 500 pesos por cada verificentro toda vez que “los dejaron trabajar sin ningún problema de octubre a diciembre de 2023”. El entramado extorsivo pretendía obtener más de 430 mdp que serían adicionales a lo recabado por las “cuotas” mensuales impuestas o por otros trámites.
Se tiene conocimiento que, mediante presión y amenaza, el entramado delictivo obligó a algunos concesionarios de verificentros a cederles un porcentaje de sus empresas. Para “adueñarse de los verificentros”, habrían utilizado al menos dos razones sociales que están relacionadas con ellos y siempre habrían manifestado que contaban con la “protección de políticos”.
Entre el 10 y 14 de agosto pasados, fueron asegurados cinco Centros de Verificación Vehicular en Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco, y Tlalnepantla. Adicionalmente, se llevaron a cabo cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal ubicadas en Tlalnepantla y Metepec.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, fueron detenidos el lunes 10 de agosto. Actualmente se encuentran recluidos con medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de Chalco; fueron vinculados a proceso, el primero por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad.
Karina Villanueva
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