El pasado 20 de agosto, el Congreso del Estado de México aprobó la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con lo que desaparece el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) y abre paso al nuevo organismo denominado Transparencia Mexiquense, adscrito a la Secretaría de la Contraloría, dependencia del Gobierno estatal.
Aunque la mayoría legislativa defendió la reforma como un proceso de simplificación administrativa, la aprobación dejó abiertas múltiples interrogantes que deberán resolverse en las leyes secundarias, desde el funcionamiento del nuevo organismo y los requisitos de quien lo encabezará, hasta el destino de los trabajadores del instituto y los mecanismos de vigilancia que garanticen su autonomía.
Tras la aprobación del dictamen, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Vázquez Rodríguez, explicó que el INFOEM tendrá aproximadamente 20 días para entregar los recursos materiales, mientras que la Secretaría de la Contraloría dispondrá de hasta 180 días para definir la nueva estructura administrativa, los costos de operación y el proceso de liquidación del personal.
Incluso reconoció que todavía no existe certeza sobre si el presupuesto actual del organismo alcanzará para cubrir las indemnizaciones, por lo que la Secretaría de Finanzas podría intervenir para complementar los recursos necesarios.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre las leyes secundarias que deberán establecer el funcionamiento de Transparencia Mexiquense, Vázquez Rodríguez señaló que será la Contraloría la instancia encargada de determinar la operación del nuevo organismo, minimizando las dudas respecto a los requisitos para quien ocupe la titularidad.
“Los reglamentos internos se irán definiendo conforme lo determine la Contraloría”, expresó, al considerar que el principal reto inmediato es concluir el proceso de liquidación del INFOEM.
Aunque el presidente de la Jucopo sostuvo que primero deberá concretarse la liquidación del personal y posteriormente determinarse las nuevas contrataciones, el diputado local de Morena, Gerardo Pliego Santana, reconoció que existe la posibilidad de que parte de los actuales servidores públicos sean reincorporados a Transparencia Mexiquense.
El legislador explicó que las leyes secundarias tendrán un plazo aproximado de 120 días para establecer la instalación del nuevo sistema, periodo durante el cual deberán definirse aspectos como el personal que será requerido, quiénes serán liquidados y quiénes podrían regresar al servicio público.
“Para instalarlo, qué es lo que se requiere, qué personal, en el caso del INFOEM, se va a recontratar, quiénes no, quiénes los van a liquidar en su momento. Hay gente con mucha experiencia y sería grave no poder aprovechar ese conocimiento”, afirmó.
La posibilidad de recontratar a funcionarios del organismo que desaparece abre un nuevo debate sobre los criterios que se utilizarán para esas incorporaciones y los mecanismos que garantizarán procesos transparentes y objetivos, así como sobre si realmente era necesaria la desaparición del organismo.
Otra de las principales preocupaciones gira en torno a los mecanismos de supervisión del nuevo modelo. Sobre ello, el coordinador parlamentario del PRD, Omar Ortega, adelantó que durante la discusión de las leyes secundarias buscarán impulsar la creación de un órgano de vigilancia que supervise el actuar de Transparencia Mexiquense y de las contralorías de los distintos poderes públicos.
La propuesta pretende fortalecer el Sistema Anticorrupción para que sus observaciones dejen de ser únicamente recomendaciones y puedan tener efectos vinculantes e incluso sancionatorios.
“Queremos blindar el tema de los órganos de control, darle dientes al Sistema Anticorrupción para que sus recomendaciones realmente tengan consecuencias”, explicó.
En este mismo sentido, las bancadas de oposición también cuestionaron que la reforma no establece con claridad el perfil, los requisitos, el procedimiento de selección ni los mecanismos de control para quien encabezará Transparencia Mexiquense.
Además, advirtieron que, al quedar adscrito a la Secretaría de la Contraloría, el nuevo organismo podría perder independencia para investigar posibles irregularidades cometidas por el propio Poder Ejecutivo.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Salinas, expresó que la desaparición del INFOEM deja un vacío temporal en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
“Hoy un ciudadano que quiera denunciar el uso de recursos públicos para promoción personalizada no sabe a qué puerta tocar. También queda en el aire quién resguardará los datos personales que administraba el instituto”, señaló.
Las inquietudes cobran mayor relevancia ante la cercanía de nuevos procesos electorales, donde la vigilancia del uso de recursos públicos y la garantía del acceso a la información adquieren especial importancia.
Aunque Morena sostiene que la reforma permitirá construir un sistema “moderno, funcional y cercano a la ciudadanía”, la discusión apenas comienza.
Mientras tanto, el proceso de transición ya comenzó dentro del propio instituto, pues durante la 29ª Sesión Ordinaria del Pleno 2026, el comisionado presidente del INFOEM, José Martínez, aseguró que el organismo continuará ejerciendo plenamente sus funciones hasta que sean publicadas las leyes secundarias derivadas de la reforma aprobada por el Congreso mexiquense.
“Es inminente el cambio al modelo administrativo. El Instituto continuará con su trabajo hasta que estas leyes secundarias se publiquen, como lo establecen los artículos transitorios”, afirmó.
El funcionario explicó que, una vez publicadas dichas disposiciones, iniciará formalmente el periodo de transición, durante el cual las autoridades del instituto y su personal deberán coordinar la transferencia de las funciones que actualmente desempeña el INFOEM hacia las instancias que asumirán la tutela de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Este proceso será determinante para garantizar que no exista una interrupción en la atención de solicitudes de información, recursos de revisión y demás procedimientos relacionados con la transparencia gubernamental. No obstante, persiste la expectativa sobre el contenido de las leyes secundarias, pues de ellas dependerá la forma en que operará Transparencia Mexiquense, el grado de autonomía con el que contará, los mecanismos de supervisión que tendrá y las reglas para la integración de su personal.
En los próximos meses, la discusión legislativa será la que termine por definir si el nuevo modelo fortalece el acceso a la información pública o si, como advierte la oposición, deja espacios que podrían debilitar la rendición de cuentas en el Estado de México.
Es así como solo resta esperar que, durante la elaboración de las leyes secundarias, se definan aspectos fundamentales que hoy permanecen sin respuesta: los requisitos para quien dirigirá Transparencia Mexiquense, la estructura administrativa, los criterios para la eventual recontratación de personal del INFOEM, los mecanismos de vigilancia ciudadana y las garantías de autonomía frente al Poder Ejecutivo.
En ese proceso también podrían incorporarse propuestas de la oposición, como la creación de un órgano de vigilancia independiente y el fortalecimiento del Sistema Anticorrupción, con el objetivo de evitar que la transición al nuevo modelo de transparencia genere vacíos institucionales o debilite el derecho de acceso a la información de los mexiquenses.
Atenea Rojas
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