del Estado de México analizaron el dictamen para expedir las nuevas
leyes para reformar el modelo que contempla la desaparición del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM) y la creación de Transparencia Mexiquense, proyecto que
continuará con su discusión el próximo 20 de agosto.
Durante la reunión, los legisladores buscaron homologar las
iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el
diputado local de Morena Gerardo Pliego Santana, las cuales coinciden
en la mayor parte de su contenido. La principal diferencia es que la
propuesta del legislador contempla la creación de un Consejo
Consultivo, integrado por representantes de la Comité de Participación
Ciudadana (CPC).
Uno de los principales argumentos para desaparecer el INFOEM es la
posibilidad de reducir el gasto administrativo mediante el
aprovechamiento de estructuras ya existentes dentro del Gobierno del
Estado de México.
En ese sentido, Gerardo Pliego aseguró que la reforma no implicará la
creación de una nueva burocracia, ya que las dependencias estatales,
los municipios y los organismos públicos ya cuentan con unidades de
transparencia en funcionamiento. Asimismo, señaló que, de los 92
millones de pesos que dispone actualmente el INFOEM, se podrían
destinar parcialmente a otras políticas públicas.
Por su parte, Javier de Jesús Domínguez, representante de la
Consejería Jurídica del Gobierno Mexiquense, explicó que el nuevo
modelo establece que cada poder y órgano constitucional autónomo
contará con una autoridad garante dentro de su respectivo ámbito de
competencia, mientras que Transparencia Mexiquense asumirá las
funciones correspondientes al Poder Ejecutivo y la supervisión de las
obligaciones de los 125 municipios.
Asimismo, reconoció que esta redistribución implicará trasladar al
nuevo organismo una parte importante de la carga administrativa que
actualmente concentra el INFOEM, principalmente por los procedimientos
de ayuntamientos.
“La gran carga administrativa y de tramitología que se lleva con los
municipios, que representa más del 90 por ciento de las solicitudes de
transparencia, va a recaer en el Gobierno del Estado dentro de este
órgano que se crea a partir de la reforma”, señaló, al tiempo que
consideró necesario establecer un régimen transitorio para definir los
pasos de liquidación ya acordados con los integrantes del Instituto.
De esta manera, aunque la reforma busca reducir estructuras
administrativas y aprovechar las capacidades institucionales ya
existentes, durante la discusión también se advirtió la necesidad de
definir con precisión la distribución de competencias y el proceso de
transición, aspectos que serán retomados el próximo jueves.
About the Author
