Un juez condenó a 245 años de prisión a Luis Enrique “N”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Molina”, tras acreditar su responsabilidad penal como coautor material del homicidio calificado de siete personas.
De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, la madrugada del 22 de diciembre de 2018 siete personas se encontraban en una posada en la colonia Carmen Serdán, alcaldía Coyoacán, cuando Luis Enrique “N” y otros tres hombres llegaron en una camioneta y abrieron fuego contra ellas, causándoles la muerte.
El sentenciado era considerado uno de los diez objetivos prioritarios de las autoridades de seguridad y justicia de la Ciudad de México. Además, fue identificado como líder de “Los Molina”, grupo delictivo relacionado con homicidios, extorsión, secuestro, fraude y narcomenudeo en distintas alcaldías del sur y oriente de la capital.
Como resultado de trabajos de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades del Estado de México, localizaron y aprehendieron a Luis Enrique “N” el 18 de febrero de 2025 en el municipio de Tecámac. Tres días después, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por homicidio calificado.
Durante el juicio, los agentes del Ministerio Público presentaron peritajes de balística que permitieron establecer la correspondencia entre dos armas largas aseguradas en el vehículo donde fue detenido Luis Enrique “N” y los casquillos encontrados en el lugar de los hechos.
También aportaron dictámenes de medicina forense que determinaron las causas de muerte de las siete víctimas y estudios de criminalística que ayudaron a esclarecer cómo ocurrió la agresión.
Estas pruebas se complementaron con testimonios y videograbaciones analizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), que permitieron identificar los desplazamientos de los vehículos relacionados con los hechos.
La resolución también contempla el pago de más de 3.1 millones de pesos por indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral a familiares de las víctimas.
Asimismo, se determinó la suspensión de los derechos políticos del sentenciado y quedaron a salvo los derechos de las víctimas indirectas para hacerlos valer durante la ejecución de la sentencia.
Javier Ruiz
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