El Congreso del Estado de México aprobó en el Pleno la denominada
Iniciativa Mariana Lima Buendía, con la que se fortalecen las
obligaciones de las autoridades para investigar las muertes violentas
de mujeres con perspectiva de género y se establecen sanciones para
los servidores públicos que obstaculicen el acceso a la justicia de
las víctimas.
La reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México, impulsada por la diputada local de
Morena, Jennifer González López, establece que la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM) deberá investigar todas las
muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio,
con perspectiva de género y debida diligencia.
Además, el Congreso aprobó una adición al Código Penal estatal para
sancionar con hasta 10 años de prisión y 150 días multa, así como con
la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo, a los
servidores públicos que estén obligados a investigar o sancionar
delitos en esta materia y que incurran en corrupción, omisión,
negligencia u obstrucción de las investigaciones o de la
administración de justicia.
Durante la discusión en el Pleno, la legisladora destacó que la
reforma busca convertir en una obligación legal el criterio derivado
del caso de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el
municipio de Chimalhuacán, así como de la lucha emprendida por su
madre, Irinea Buendía, para obtener justicia.
“La justicia no debe depender de una interpretación aislada, sino
garantizar un nuevo marco legal”, sostuvo la diputada, al señalar que
durante años las familias de víctimas han tenido que recurrir a
distintas instituciones y tribunales para acceder a la justicia.
González López señaló que la modificación no representa únicamente un endurecimiento de las sanciones, sino que pretende generar un cambio en los procedimientos institucionales para evitar que las muertes violentas de mujeres sean minimizadas o investigadas sin perspectiva de género.
La legisladora también hizo énfasis en los casos en los que la muerte
de una mujer es considerada inicialmente como suicidio. Al respecto,
señaló que las autoridades deberán investigar las circunstancias que
llevaron al fallecimiento para determinar si efectivamente se trató de
un suicidio o si existen elementos que pudieran configurar un
feminicidio.
Asimismo, reconoció el acompañamiento de colectivos y familiares de
víctimas, particularmente de Irinea Buendía, y afirmó que con la
aprobación de la reforma el Estado de México avanza hacia un marco
jurídico orientado a garantizar verdad, justicia y reparación del daño
para las víctimas y sus familias.
“Toda muerte debe investigarse y ninguna mujer más debe ser víctima de violencia”, sostuvo la legisladora, al llamar a mantener el compromiso institucional para combatir el feminicidio y la violencia contra las mujeres.
Atenea Rojas
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