de México aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional en
materia de nacionalidad única, que establece que quienes aspiren a
ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra
nacionalidad.
La discusión generó posiciones encontradas, pues mientras Morena
defendió la reforma bajo el argumento de fortalecer la soberanía
nacional y prevenir posibles conflictos de interés derivados de una
segunda nacionalidad, las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y el
PRI cuestionaron que esta condición jurídica pueda utilizarse para
limitar los derechos políticos de mexicanos que también son ciudadanos
de otro país.
Durante el debate, las diputadas de MC, Marisela Beltrán y Ruth
Salinas, sostuvieron que, si el objetivo es evitar conflictos de
interés o posibles intervenciones extranjeras, las restricciones
deberían establecerse sobre conductas concretas y no sobre la
condición jurídica de las personas.
“Si lo que queremos evitar son conflictos de interés, entonces
legislemos sobre conflictos de interés”, señalaron, al tiempo que
cuestionaron las implicaciones de la reforma para los mexicanos que
viven en el extranjero y adquirieron una segunda nacionalidad por
razones familiares, migratorias o de nacimiento.
En el mismo sentido, la diputada local del PRI, Mercedes Colín
Guadarrama, defendió los derechos de los mexicanos que viven fuera del
territorio nacional y llamó a distinguir entre nacionalidad y lealtad,
al destacar que más de 1.6 millones de mexicanos en el extranjero
forman parte del padrón electoral y que cerca de 20 millones cuentan
con doble nacionalidad.
Sobre ello, Colín Guadarrama advirtió sobre el riesgo de generar
diferencias entre ciudadanos mexicanos por contar con una segunda
nacionalidad y puntualizó que la nacionalidad es una condición
jurídica, pero la lealtad es una conducta.
En contraste, los diputados de Morena, Óscar González y Octavio
Martínez, defendieron la reforma al señalar que quienes encabecen los
Poderes Ejecutivos deben tener como prioridad la defensa de los
intereses de México.
“Hay mexicanos que sus intereses los tienen en otros lados del mundo y
adquieren la nacionalidad precisamente para tener facilidad”,
argumentó González, quien también sostuvo que, una persona con
intereses económicos o políticos en otro país podría enfrentar
conflictos al ejercer un cargo de esta naturaleza.
En este sentido, sostuvo que la reforma busca evitar una eventual
injerencia extranjera y afirmó que el mensaje de la modificación está
dirigido particularmente a Estados Unidos.
Tras su remisión por parte del Senado de la República y presentada
como asunto de urgente y obvia resolución, con la aprobación en el
Congreso mexiquense, suman 17 las legislaturas estatales que han
avalado la reforma constitucional, requisito para que pueda continuar
el proceso previsto para su entrada en vigor.