Penal estatal promovida por la diputada local de Morena, María del
Carmen de la Rosa para incrementar hasta con 10 años de prisión la
pena cuando se utilicen drones, dispositivos de geolocalización,
sistemas de videovigilancia u otras herramientas tecnológicas para
vigilar, espiar o acechar a una persona con la finalidad de causarle
daño.
La propuesta establece penas de seis a diez años de prisión y de 100 a
200 días multa cuando un delito se cometa utilizando aeronaves
pilotadas a distancia, o medios de comunicación con los que capten,
emitan, transmitan o reciban imágenes, sonidos o información, por que,
la pena podrá incrementarse hasta en una tercera parte.
Al destacar que la iniciativa original fue modificada a partir de las
aportaciones técnicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM), la diputada María del Carmen sostuvo que el objetivo
es fortalecer el marco jurídico para evitar que estas tecnologías sean
utilizadas para cometer ilícitos, sin afectar sus usos legítimos.
Sobre ello, la legisladora explicó que el uso de drones por parte de
periodistas no se vería afectado, debido a que para aplicar el
agravante tendría que acreditarse que la tecnología fue utilizada con
la finalidad de causar un daño.
daño específico a la persona o a los bienes de otra persona”, explicó.
Durante la discusión, la diputada local del PAN, Emma Álvarez
Villavicencio, presidenta de la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia, destacó que las aportaciones de la
Fiscalía permitieron ampliar el alcance de la propuesta y actualizarla
frente al avance tecnológico.
reforma al Código Penal, a efecto de continuar salvaguardando el
patrimonio y la integridad de todos nuestros mexiquenses mediante la
actualización del marco normativo”, señaló.
En tanto, los legisladores que respaldaron el dictamen señalaron que
la actualización del Código Penal resulta necesaria ante el
crecimiento de herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas
tanto para actividades productivas como para la comisión de delitos.
Con la modificación aprobada, si además de esa conducta se comete otro
delito, se aplicarán las reglas correspondientes ante la presencia de
diversos ilícitos, toda vez que, se busca evitar vacíos legales ante
herramientas como los drones y sistemas de vigilancia.
La discusión retomó además casos en los que se han detectado cámaras
de videovigilancia que no pertenecen a las autoridades municipales y
que presuntamente habrían sido utilizadas para vigilar a personas.
“No podemos permitir que nuestra ciudadanía sea acechada, vigilada o
espiada con tecnologías operadas a distancia, como lo son los drones”,
afirmó, la diputada promovente, María del Carmen al tiempo que,
destacó que la reforma no pretende criminalizar el uso legítimo de
estas herramientas.