iniciativas para permitir, bajo determinados supuestos, el embargo de
recursos del deudor alimentario cuando se encuentre desempleado, así
como facultar a los jueces para ordenar de oficio medidas que aseguren el pago de alimentos, promovidas, por integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por la
diputada de Morena, Itzel Ballesteros, respectivamente.
La iniciativa del PVEM plantea reformar el Código Civil estatal para
que, cuando el deudor alimentario se encuentre desempleado y deje de
cumplir con sus obligaciones, puedan utilizarse de manera excepcional
recursos de su cuenta de retiro por cesantía y vejez.
Durante la presentación, diputada local de PVEM, Miriam Silva Mata
explicó que, en primer término, podrían considerarse las aportaciones
voluntarias del trabajador y, en caso de no existir recursos
suficientes, recurrir excepcionalmente a la cuenta de retiro, conforme
a los supuestos y límites establecidos por la legislación.
“El abandono alimentario no es sólo el incumplimiento de uno de los
deudores alimentarios; es una forma cruel de violencia económica que
vulnera el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes”,
expresó.
Señaló que la propuesta parte de la necesidad de ponderar el derecho a la seguridad social de los trabajadores con el interés superior de
niñas, niños y adolescentes, quienes requieren una protección
reforzada cuando existe incumplimiento de las obligaciones
alimentarias.
Por otra parte, la iniciativa de la diputada Itzel Ballesteros también
busca reformar el Código Civil para establecer expresamente que la
autoridad judicial pueda decretar de oficio medidas de aseguramiento
de los alimentos cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
La legisladora señaló que actualmente la legislación contempla el
aseguramiento como una herramienta para garantizar el cumplimiento de esta obligación, pero consideró necesario fortalecer su aplicación
para que la autoridad pueda actuar oportunamente y evitar que las
personas acreedoras alimentarias queden desprotegidas.
“No basta con reconocer un derecho en la ley si no contamos con
mecanismos eficaces para hacerlo realidad. Un derecho alimentario que no puede garantizarse oportunamente corre el riesgo de convertirse en un derecho solamente reconocido en el papel”, afirmó.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Celina Trujillo, respaldó
ambas iniciativas y sostuvo que, quienes tienen bajo su
responsabilidad el cuidado de menores enfrentan, en muchos casos,
dificultades para cubrir gastos básicos, sin embargo, subrayó que la
obligación de proporcionar alimentos no desaparece por la falta de un
empleo formal.
Ambas iniciativas continuarán con su análisis en el Poder Legislativo
mexiquense, con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas
para garantizar el derecho a los alimentos.
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