Una universidad pública tendría que abrir puertas, no obligar a sus estudiantes a cerrar accesos para ser escuchados. El paro en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) exhibe una crisis pública real: faltan servicios elementales y, según los alumnos, sus denuncias no han recibido respuestas suficientes.
El 8 de octubre, estudiantes suspendieron actividades y bloquearon vialidades para exigir atención a sus demandas y la salida del rector Agustín Covarrubias Sotelo. Señalaron falta de agua, sanitarios indignos, deterioro de instalaciones, cuotas que consideran excesivas y presuntos casos de acoso sexual, discriminación y abuso de autoridad. Estos señalamientos deben investigarse con seriedad, sin prejuzgar responsabilidades ni minimizar a quienes afirman haberlos padecido.
La UTN tiene más de 4 mil 500 estudiantes; según reportes periodísticos, cada uno paga más de mil 700 pesos de colegiatura por cuatrimestre y alrededor de 400 pesos de inscripción anual. Es legítimo preguntar qué servicios reciben a cambio y cómo se utilizan esos ingresos. Si denuncian baños insalubres y falta de mantenimiento, la respuesta no puede limitarse a pedir paciencia.
La verdad es que el agua y los sanitarios no son comodidades opcionales: son condiciones mínimas para estudiar con dignidad. Mucho menos puede minimizarse una denuncia de acoso. La institución debe ofrecer canales seguros para denunciar, proteger a quienes denuncian e investigar con imparcialidad. Si hay omisiones, crece la desconfianza y los estudiantes quedan en desventaja.
El 9 de octubre se instaló una mesa de trabajo con representantes educativos estatales y federales y una comisión estudiantil; se anunció otra reunión para el lunes 12. El diálogo es necesario, pero no basta con negociar. La comunidad necesita acuerdos por escrito, plazos públicos y avances comprobables. También debe transparentarse el uso de cuotas y recursos para mantenimiento, así como el seguimiento a las denuncias.
Las autoridades deben escuchar y evitar que la protesta sea la única vía de atención. Reanudar actividades sin resolver el fondo sería esconder el problema.
La UTN cumplió 35 años en septiembre. El Gobierno estatal y la rectoría tienen una prueba concreta: convertir las promesas de diálogo en soluciones verificables y rendir cuentas.
Una universidad no se mide solo por sus carreras, sino por la seguridad, el respeto y las oportunidades que ofrece. Ningún estudiante tendría que salir a la calle para exigir agua, baños dignos y una investigación seria: garantizar esas condiciones no es un favor, es una obligación.
Martha González Aguilera
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