unanimidad la iniciativa presentada por la diputada del PT, Yareli
Anaí Esparza Acevedo, para modificar el Código Civil estatal e
incorporar entre las obligaciones de quienes tengan bajo su cuidado a
menores la educación sobre el uso seguro, adecuado y responsable de
las tecnologías de la información y comunicación.
La reforma plantea incorporar el bienestar digital al artículo 4.200
Bis del Código Civil, que contempla otras obligaciones relacionadas
con el cuidado de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de que
el uso de dispositivos electrónicos también forme parte de las
responsabilidades de crianza.
El dictamen establece que este acompañamiento deberá considerar la
edad, capacidad, nivel de comprensión y madurez de cada niña, niño o
adolescente, bajo el principio de autonomía progresiva. Asimismo,
plantea procurar un uso moderado de los dispositivos electrónicos para
evitar una sobreexposición que pueda afectar el desarrollo motor, las
capacidades de aprendizaje y la convivencia con otras personas.
Al respecto, la legisladora promovente explicó que la reforma no
pretende prohibir el uso de dispositivos, sino establecer condiciones
para que su utilización sea acorde con las distintas etapas de
desarrollo de la infancia tanto en el hogar, como por instituciones
públicas o privadas que tengan bajo su cuidado a niñas, niños y
adolescentes.
“Una pantalla no debe sustituir al juego, una conversación o una
actividad con la familia”, señaló la legisladora.
En este sentido, la diputada reconoció que todavía es necesario
analizar cómo podría aplicarse esta obligación ante eventuales
incumplimientos y si sería necesario establecer mecanismos
específicos, por lo que, indicó este aspecto requiere una revisión
adicional para determinar sus alcances jurídicos, y si podrían
contemplarse sanciones particulares por el uso excesivo de
dispositivos.
“Hay que limitar el uso, pero al final es un libre albedrío”, señaló,
al considerar que los dispositivos también pueden ser herramientas
útiles para actividades escolares y cotidianas cuando se utilizan de
manera moderada.
Esparza Acevedo agregó que, una vez que exista el marco normativo,
podrán impulsarse políticas públicas con la participación de
dependencias e instituciones vinculadas con la protección de la
infancia, como los sistemas DIF y las procuradurías de protección.
Señaló que el carácter transversal de los derechos de niñas, niños y
adolescentes hace necesaria la colaboración entre distintas áreas de
gobierno.
Durante la discusión, la diputada de MC, Lidia Urbina Salazar,
respaldó la propuesta y señaló que el uso excesivo o inadecuado de
dispositivos puede desplazar actividades como el juego, la convivencia
familiar y la interacción con otras niñas y niños. En tanto, la
legisladora del PVEM, Miriam Silva Mata, destacó que las medidas deben
considerar las distintas etapas de desarrollo y el principio de
autonomía progresiva.
About the Author
