La candidatura independiente nació para abrir una vía fuera de los partidos. Hoy, las cifras obligan a preguntar si esa puerta sigue abierta o es solo un sueño iluso. En 2018 hubo 112 escritos de manifestación de intención; en 2024 fueron apenas 21. Son 91 solicitudes menos: una caída de 81.3%. Y el contraste no termina ahí: en 2024 no llegó ninguna candidatura independiente a la boleta de diputaciones locales y sólo nueve lo hicieron para ayuntamientos.
No es un dato menor ni se explica sólo por falta de interés. La ruta es exigente. Para aspirar a una diputación o integrar un ayuntamiento se debe reunir apoyo equivalente a 3% de la lista nominal y demostrarlo, además, en al menos la mitad de las secciones electorales, con 1.5% de respaldo en cada una. Son miles de apoyos válidos, obtenidos en poco tiempo y bajo reglas estrictas.
Ahí aparece la desigualdad. Un partido llega a la competencia con militantes, dirigencias, representantes y una estructura territorial construida durante años. El independiente debe levantar casi todo desde cero. No se trata sólo de conseguir firmas: hay que organizar equipos, recorrer territorio, cuidar la fiscalización y sostener una campaña.
El financiamiento agrega otra tensión. Hay recursos públicos y privados bajo fiscalización, pero conseguir apoyo exige capacidad operativa antes de la campaña. ¿Quién puede sostener ese esfuerzo? Si el dinero privado se vuelve indispensable, vigilar su origen adquiere importancia democrática. Una figura para ampliar la competencia no puede ser resquicio para recursos irregulares.
También está el electorado. El descenso de 112 a 21 manifestaciones no demuestra por sí mismo rechazo al independiente, pero sí muestra que cada vez menos personas recorren esta ruta. Puede haber cansancio, falta de recursos, escasa estructura o la percepción de que competir sin partido no se traduce en representación.
Y hay otro factor: la violencia política. En territorios donde hacer campaña puede implicar presiones o amenazas, un aspirante sin estructura partidista enfrenta una vulnerabilidad adicional. No todos están expuestos igual, pero la seguridad también es parte del costo de participar.
Por eso la pregunta de fondo no es si los partidos sobran. Es más dramática: ¿las reglas construyen una competencia accesible o una excepción difícil de alcanzar? ¿Están hechas para abrir la puerta a esfuerzos independientes o para cerrarla?
La candidatura independiente sigue siendo un derecho y una vía para perfiles sin espacio partidista. Pero si en seis años las manifestaciones caen de 112 a 21 y una elección termina sin independientes para diputaciones, algo merece revisarse.
Porque una democracia no se fortalece sólo con partidos. También necesita que un ciudadano, sin maquinaria detrás, pueda competir sin encontrar un camino intransitable hoy, en particular cuando la credibilidad de los partidos políticos es tan escasa.
Martha González Aguilera