La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) presentó una propuesta para construir una Ley Nacional de Transición a la Formalidad, con un cambio de enfoque central: que formalizarse deje de significar únicamente cumplir nuevas obligaciones y se convierta en una ruta gradual que permita a los negocios familiares crecer, acceder a beneficios y consolidarse.
La Confederación señaló que en México existen alrededor de 6.1 millones de MiPyMEs —99.8% de las unidades económicas—, de las cuales aproximadamente 4.1 millones operan en la informalidad. La tasa de informalidad laboral alcanzó 55.1 por ciento durante el segundo trimestre de 2026.
Ante esta realidad, la Confederación planteó como meta que 30 por ciento de las unidades económicas informales puedan iniciar su tránsito hacia la formalidad en los próximos doce meses, dentro de un Programa Nacional de Transición a la Formalidad.
“El objetivo no es sumar obligaciones; hemos avanzado en disminuirlas. Lo que necesitamos ahora es articular una herramienta para crecer, y una herramienta solo funciona si genera confianza. Con 55.1% de informalidad, necesitamos una política donde las personas puedan avanzar gradualmente hacia nuevos beneficios y también hacia nuevas responsabilidades”, señaló Octavio de la Torre presidente de Concanaco.
Pasos a seguir
La ruta propuesta contempla tres momentos: primero acompañar, con diagnóstico y orientación fiscal, laboral y municipal; después regularizar, con componentes definidos según actividad y nivel de riesgo; y finalmente consolidar, con acceso a estabilidad regulatoria, financiamiento, capacitación, proveeduría y seguimiento. Para las personas, la transición implicaría acceso a seguridad social, crédito y protección institucional; para los negocios, mayor estabilidad y acceso a cadenas de proveeduría y mercados; y para el Estado, un registro más confiable y una base contributiva más amplia.
El municipio actuaría como ventanilla de enlace —sin sustituir atribuciones de otras autoridades— para orientar, canalizar y dar seguimiento, mientras las Cámaras de Comercio participarían en acompañamiento y capacitación. La propuesta incorpora plazos definidos, protección de datos personales y certeza regulatoria.
Karina Villanueva
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