El agua que se extrae hoy del subsuelo de Toluca puede estar dejando una factura que mañana pagarán las familias. Reducir temporalmente la extracción de agua subterránea en los pozos del centro de la capital mexiquense, para observar si disminuyen la subsidencia y los agrietamientos, es una medida de prudencia frente a un problema que ya no admite discursos complacientes ni respuestas burocráticas. Toluca no puede esperar a que el daño sea irreversible.
La verdad es que los números son difíciles de ignorar. La sobreexplotación altera el equilibrio del acuífero y modifica los esfuerzos en las capas de arcillas y limos, favoreciendo la aparición de grietas. En el Valle de Toluca, ubicado al inicio de la cuenca Lerma-Chapala, ya son 18 municipios los afectados por subsidencia. Y en el corredor industrial el hundimiento alcanza entre 30 y 70 centímetros por año.
El déficit hídrico tampoco es menor. Hoy se calcula en 172 millones de metros cúbicos anuales y, si nada cambia, podría alcanzar 292 millones en 2050. En Toluca, el promedio crítico de subsidencia ronda los ocho centímetros, mientras que en la zona centro llega a 6.3 centímetros.
Aquí hay que hacer una precisión importante. Los estudios realizados hasta ahora no han establecido que la extracción de los nuevos pozos sea la causa directa de los daños que padecen viviendas y edificios, entre ellos instalaciones del IMSS.
Pero existe una correlación de al menos dos casos. ¿Qué cuesta entonces bajar temporalmente el bombeo y medir qué ocurre? Si la subsidencia se desacelera, habrá una pista valiosa; si no sucede, también se habrá obtenido evidencia para buscar otras causas.
La postura de los especialistas resulta elemental y, precisamente por eso, políticamente incómoda: no sabemos si esos pozos son la causa, pero lo responsable es reducir temporalmente la extracción. La metáfora del incendio es contundente: primero hay que apagarlo y después discutir quién provocó la chispa.
El gobierno estatal y las autoridades municipales y del agua tienen frente a sí una decisión que no debería esperar a que aparezcan más grietas, más viviendas afectadas o nuevos daños institucionales. Administrar el agua no puede reducirse a garantizar el suministro de hoy mientras se compromete el suelo de mañana.
Al final del día, los especialistas coinciden en lo esencial: la extracción excesiva de agua ya está provocando daños en el territorio. Si existe una posibilidad razonable de que determinados pozos estén agravando el problema, detener parcialmente la presión sobre el acuífero no es alarmismo; es prevención. También es una prueba concreta de responsabilidad pública ante quienes podrían perder su patrimonio. La pregunta, entonces, no es si podemos reducir la extracción. Es cuánto nos costará no hacerlo a tiempo
Martha González Aguilera
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